Lunes, 12 Julio 2021 11:42

Ordenan al Gobierno bonaerense la urgente vacunación de presos de riesgo frente al Covid

Un tribunal de La Plata sostuvo que ello no alterará el "Plan Buenos Aires Vacunate" y recordó que el Estado es garante de la salud y la vida de los detenidos.

El pedido fue planteado por la Comisión Provincial por la Memoria, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel. El pedido fue planteado por la Comisión Provincial por la Memoria, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel. Foto NA.

Un tribunal le ordenó al gobierno bonaerense que en cinco días diseñe un plan de vacunación contra el Covid-19 para los detenidos que formen parte de la población de riesgo frente a la enfermedad.

"La ausencia de inoculación oportuna del colectivo que se protege mediante la presente acción los colocaría en una situación de desatención que compromete elementales derechos inherentes a la condición humana", sostuvo la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata.

El fallo advierte que la vacunación de los presos “no implica una alteración o modificación del Plan Buenos Aires Vacunate en cuanto al orden de prioridades establecido para la aplicación de las vacunas".

Los jueces Claudia Milanta, Gustavo Spacarotel y Gustavo De Santis ordenaron al gobierno provincial que “en el plazo de cinco días arbitre con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar un plan  programado de acceso a la vacuna contra el COVID-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos  de riesgo”.

La medida había sido pedida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo encabezado por el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y fue rechazada en primera instancia.

Pero al revisar el caso en apelación, el tribunal subrayó que “se ha incrementado la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en atención a las condiciones habitacionales en las que viven, máxime si forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad”.

En ese contexto, el fallo destacó que “las personas que se encuentran privadas de su libertad pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial que aquellas que no se hallan en tal situación”. “El Estado debe ser garante de la vida y de la integridad física de las personas privadas de su libertad”, resumieron los jueces.

Escrito por
Buenos Aires, NA