Un juez federal le ordenó a la empresa Autopistas del Sol (AUSOL SA) que se abstenga de “continuar impulsando el procedimiento arbitral” por la renegociación de la concesión de esa vía, dispuesta durante el gobierno de Cambiemos, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

El juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico adoptó la medida provisoria “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” en la causa que tramita ante su juzgado, en la que la empresa reclama el pago de 499 millones de dólares por peajes acordado con el gobierno de Mauricio Macri  

En noviembre pasado el juez Lavié Pico dispuso una suerte de intervención parcial de  AUSOL, en el marco del reclamo del Estado Nacional por la renegociación de la concesión.

En ese contexto, dispuso una medida cautelar que, según el Estado Nacional, “determinaba la improcedencia de la continuidad del procedimiento arbitral” internacional, pese a lo cual  AUSOL SA “resolvió continuar con el trámite iniciado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”.

Ese tribunal internacional le requirió a la “República Argentina la suma de 350 mil dólares destinados a financiar la continuidad de dicho trámite y, en definitiva, a solventar los costos de ese tramo del procedimiento, con la posibilidad de que, en el devenir de dicho proceso, se requieran otros desembolsos”.

El Estado argentino replicó que “tal circunstancia configura un cuadro de situación arbitrario y abusivo, habida cuenta que el Estado Nacional no sólo se ve obligado a litigar simultáneamente en dos ámbitos la cuestión sino que deberá desembolsar las sumas en dólares que se le requieran para financiar un procedimiento arbitral que considera palmariamente ilegítimo”.

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El juez Lavié Pico les dio la razón: dispuso “la suspensión provisoria de los efectos del artículo décimo sexto (ARBITRAJE) del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte” y le ordenó a  AUSOL SA que “deberá abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral”.

El Estado había argumentado que “la medida cautelar resulta indispensable a fin de evitar el escándalo jurídico que supone la mera coexistencia de ambos procesos”, en los que incluso podría haber resoluciones contradictorias.

Además, arguyó que era necesario “salvaguardar la eficacia de la sentencia definitiva a dictarse en las presentes actuaciones”, que tramitan ante los tribunales argentinos.

El expediente principal gira en torno a una “acción de lesividad” iniciada por el actual gobierno  “con el objeto de que se declare la nulidad absoluta del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual (AIRC), modificatorio del Contrato de Concesión del Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 26/06/2018 entre el Estado Nacional y la firma Autopistas del Sol SA”.

La medida cautelar dispuesta por el juez Lavié Pico en noviembre frenó un aumento sideral del precio de los peajes, “de  más de 12 veces respecto de su valor actual y, si aun así no se llegara a compensar a la concesionaria el monto en cuestión (499 millones de dólares) sería el Estado Nacional quien debería asumir el saldo”, según fundamentó el inicio de la demanda.