El fiscal que investiga las responsabilidades por el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en la etapa más estricta de la pandemia, llegó a un acuerdo con una de las concurrentes a ese evento para que pague 200 mil pesos en insumos hospitalarios y evite una condena penal.

El mecanismo, que se llama “conciliación” y es una de las vías alternativas a la resolución de conflictos judiciales, fue sellado entre el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez y Carolina Marafiotti, la estilista personal de Fabiola Yáñez.

El acuerdo deberá ser ahora homologado por el juez Lino Mirabelli y una vez que ocurra eso, Marafiotti deberá desembolsar el dinero a la cuenta de un nosocomio  público que, en principio, será el Hospital Provincial Petrona V. De Cordero, de San Fernando.

El acuerdo podría hacerse extensivo a todos los concurrentes a la celebración siempre y cuando no tuvieran funciones públicas, porque en ese caso a la violación de las normas sanitarias contra el coronavirus podría adicionarse el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Esa figura podría caberle, por ejemplo, al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“Es difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación; sin embargo, sí puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto, concitando los intereses en juego”, sostiene el acuerdo.

El fiscal Fernández añadió: “un criterio que considero adecuado es atar el monto de la reparación al valor de ciertos recursos absolutamente necesarios para afrontar los problemas que trae consigo la pandemia por Covid-19”.

Ello, “de modo tal que anclar la reparación en el costo de insumos hospitalarios permitiría -de algún modo- objetivar la propuesta buscando alguna equivalencia entre el reproche penal por el hecho imputado, el perjuicio y la capacidad económica del justiciable”.

Marafiotti, cuya defensa ejerce el abogado Alejandro Rúa, ofreció 200 mil pesos como reparación, lo que –según aceptó el fiscal- “cubre lo que podría denominarse el piso mínimo de cinco días de internación en un módulo de atención de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) con ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica) de paciente con covid-19, acorde con el nomenclador del programa SUMAR actualizado al año 2021”.

El fiscal consideró “razonable la propuesta en tanto ha de brindar recursos al Estado para la atención en materia sanitaria”.

El acuerdo contempla una cláusula que establece que “el destino de los fondos debe ser al sistema hospitalario público/estatal”.