La defensa de una de las asistentes a la celebración del  cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, pidió el rechazo como “amicus curiae” (amigos del tribunal) de una Fundación vinculada con la oposición, en la que interviene Yamil Santoro, precandidato a diputado por Republicanos Unidos, la lista de Ricardo López Murphy dentro de Juntos por el Cambio.

El abogado Alejandro Rúa, defensor de Carolina Marafioti –la estilista de Yañez- fue consultado por el juzgado de Sebastián Casanello sobre las presentaciones como amicus curiae del constitucionalista Mariano Silvestroni y de la Fundación Apolo. Además, el juez le había pedido que se pronunciara sobre el planteo de “falta de acción” del presidente, Alberto Fernández, “y a la solicitud, de manera subsidiaria, de arribar a un acuerdo conciliatorio como medida alternativa de resolución de conflictos”.

Rúa, quien defiende en otros juicios a ex funcionarios del gobierno 2003 – 2015, opinó que “el distinguido profesor Mariano  Silvestroni, magister en derecho constitucional, se ha interesado en presentar el esfuerzo de su trabajo en una materia que es propia de su especialidad y aun cuando no se compartan sus conclusiones, su aporte como amigo del tribunal enriquece el debate y deber ser acogido”.

En cambio, descalificó a la otra presentación: distinto es el caso de los muchachos de la Fundación Apolo, que tras su sello de goma y sin que se les conozca ningún prestigio académico ni de ningún otro orden se dedican en el marco de su militancia reaccionaria a hacer denuncias tan mediáticas como tendenciosas”. Esas denuncias –afirmó Rúa- “una y otra vez son desestimadas en los tribunales, siendo que sus pobres presentaciones lejos de enriquecer el debate lo opacan y oscurecen”.

La Fundación Apolo tiene como principales referentes a Yamil Santoro y al abogado José Magioncalda, y suele trajinar la Mesa de Entradas de los tribunales de Comodoro Py 2002 con denuncias sobre episodios de impacto mediático.

En cuanto a la posibilidad de un “acuerdo conciliatorio como medida alternativa de solución de conflictos”, planteada como segunda opción (después del sobreseimiento liso y llano) por Alberto Fernández, Rúa se mostró no sólo de acuerdo sino que lo propuso para su defendida.

“Hago saber el interés de esta defensa en procurar la extinción de la acción penal en los términos del Código Penal y del Código Procesal Penal Federal que impone que ‘los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social’”.

El juez Sebastián Casanello se declaró incompetente la semana pasada para seguir entendiendo en la causa por las visitas a Olivos, a raíz de un planteo de otro abogado defensor, Mauricio D’Alessandro, que cuestionó la competencia por razones de territorialidad.

Atento a que la Quinta de Olivos está situada en jurisdicción de la Justicia Federal de San Isidro, Casanello envió el expediente a ese fuero, pero todavía no está definido quién tramitará lo que resta de la causa. Rúa pidió que su planteo de “conciliación” sea tenido en cuenta “una vez que se defina quienes intervendrán en el caso”.