La  defensa del empresario santacruceño  Lázaro Báez dedicó la segunda jornada de alegatos en la Causa Vialidad a desmentir y exhibir pruebas para contrarrestar los tramos principales de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El abogado Juan Martín Villanueva reiteró hoy que “no hay una sola prueba” que incrimine a Báez en la comisión de delitos y apuntó especialmente a desmentir que las readecuaciones de precios y plazos en las obras adjudicadas a Austral Construcciones hubieran sido un mecanismo para favorecerlo.

En ese sentido, exhibió declaraciones en el juicio de empresarios que obtuvieron obra pública en otros puntos del país, entre ellos el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Juan Chediak, quien explicó que esas readecuaciones son perjudiciales para las empresas.

“Cuanto más se estira el plazo de la obra, el Estado paga menos por ellas, en el contexto de una economía inflacionaria como la Argentina, en la que vivimos todos los que estamos acá, también los fiscales”, expresó Villanueva.

En ese contexto, cuestionó que los fiscales sostuvieran que una de las fuentes de corrupción fuera la redeterminación de los precios en las obras adjudicadas, un mecanismo que –según demostró- se aplicó en todas las licitaciones del resto de la geografía argentina.

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“Contrario a lo que ocurría con todas las empresas del país, los fiscales querían que la inflación la absorbieran las empresas de las que tiene participación accionaria Lázaro Báez”.

Acaso el tramo más importante del alegato de hoy fue la utilización de imágenes satelitales y fotografías de expedientes para desmentir la acusación fiscal sobre obras pagadas y no terminadas.

"Es falso que no se hayan ejecutado esas obras y que sea un proyecto maquiavélico para retraer fondos del Estado y beneficiar a Lázaro. La prueba y la realidad desmienten a los fiscales Mola y Luciani”, insistió el defensor de Báez.

El alegado puso en duda la “buena fe procesal” de los fiscales, por incorporar prueba que no estaba prevista ni tratada durante el debate y por cambiar la base fáctica de la acusación en el tramo final del juicio.

En ese sentido, recordó que cuando la causa fue elevada a juicio el Ministerio Público Fiscal sostuvo que las obras de remediación de canteras “estaban concluidas” pero a la hora de alegar, Mola y Luciani hicieron hincapié en los incumplimientos de esos trabajos o su utilización para justificar sobreprecios.

Villanueva también afirmó que no sólo Báez no robó dinero del Estado sino que actualmente es el Estado el que le debe más de 270 millones de pesos por obras realizadas que no fueron pagadas, en su mayor parte por decisión del gobierno de Cambiemos y, específicamente, de su primer titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

La deuda con el Grupo Austral, según la defensa, es el dato que muestra que la afirmación de los fiscales sobre que Báez era el único empresario que estaba al día con los pagos y que tenía un canal preferencial para recibir los fondos “es falso”.

Villanueva había sostenido en la víspera que las empresas de Báez eran el principal empleador privado de la Provincia de Santa Cruz y hoy añadió que “el único responsable de los tres mil trabajadores que quedaron en la calle y de las obras inconclusas fue Iguacel”.

“Dejaron de pagar las obras a Lázaro y a él le rescindieron todos los trabajos. Le quebraron la empresa”, arremetió.

No obstante, Báez realizó todos los trabajos hasta que cambió el gobierno y la administración de Cambiemos impulsó una investigación exclusivamente por lo que ocurrió en Santa Cruz y rechazó investigar la obra pública en el resto del país.

Villanueva también refutó la acusación de los fiscales sobre la supuesta “ausencia del representante técnico”, que según los contratos debía estar permanentemente en la obra.

En ese sentido, explicó que siempre hubo un ingeniero en la obra, de manera permanente, y adjudicó al desconocimiento de la operatoria de la obra pública el hecho de que los fiscales cometieran un error semántico de interpretación sobre el nombre que tenía ese ingeniero.

Así, trazó una comparación con lo que ocurre en los tribunales: “el secretario es el que lleva el grueso del trabajo. La ley dice que una testimonial o una indagatoria debe ser tomada en presencia del juez, pero en la realidad ocurre que muchas veces las toman los secretarios. A nadie se le ocurriría objetar eso; no es un planteo ganable. Con el representante técnico ocurre lo mismo. Desconocerlo es desconocer la realidad”.

“Las 51 licitaciones cuestionadas contaron siempre con un jefe de obra”, aseguró el abogado.

“¿Cómo eso (la presencia permanente del ‘representante técnico’) podía significar un beneficio para las empresas de Báez? Tampoco sabemos de dónde sale la conclusión que indica que si el representante técnico hubiera estado ahí las obras se realizarán más rápido”, insistió.

En ese contexto, mencionó obras de otras latitudes que también tuvieron grandes demoras en su concreción e incluso en su inicio.

A modo de ejemplo, mencionó obras en Salta que tenían un plazo de ejecución de dos años y demoraron seis, y una licitación en Mendoza que comenzó casi cuatro años después de su adjudicación.

La defensa de Báez retomará el 11 de octubre con la última jornada del alegato de la defensa.