El ex secretario de Obras Públicas José Francisco López “no tuvo ningún rol criminal, no creó una matriz de corrupción y  no mantuvo sistema de direccionamiento de obra pública” en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, afirmó hoy su defensa al alegar en la Causa Vialidad.

Según su defensor oficial, Santiago Finn, López tampoco “cometió acciones destinadas a beneficiar al Grupo Austral”, propiedad del empresario Lázaro Báez.

El alegato, que se extendió durante poco menos de tres horas, la defensa no sólo pidió la absolución del ex funcionario sino que planteó que se declare “nula” parte de la prueba que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola utilizaron para incriminarlo.

Se trata, en concreto, de la incorporación de las declaraciones de López como “arrepentido” en la Causa Cuadernos y la extracción de información de su teléfono celular, que ocurrió en el marco de la Causa de los Bolsos.

El defensor denunció la “incorporación ilegal de prueba” por la declaración como arrepentido y recordó que el propio Tribunal Oral Federal número dos, que lleva adelante el juicio por la obra pública de Santa Cruz, rechazó el uso de esa documentación.

El tribunal entendió que la declaración como arrepentido está limitada al proceso en el que el imputado declaró, pese a lo cual los fiscales utilizaron una argucia para “traerlo a este juicio”.

Finn explicó que como no podían citar las declaraciones, invocaron los autos de procesamientos en los que estaban incluidos fragmentos de esas declaraciones, violando así la disposición del tribunal.

“Voy a pedir la nulidad de esas declaraciones. Es una nulidad absoluta porque viola la garantía de negarse a declarar o declarar lo que quiera. Además, fueron citas parciales y tergiversadas”, arremetió el defensor oficial.

Pero además, contrapuso que los fiscales “pero no tomaron en cuenta una declaración indagatoria en esta causa,  en 2016”, en la que López había negado todos los cargos en su contra y brindado explicaciones sobre su accionar.

En cuanto a la utilización de la información obtenida de su teléfono en un proceso diferente al que se está juzgando, Finn denunció que se trató de “una injerencia arbitraria en su vida privada y una violación a su garantía de defensa en juicio”.

Si bien el tribunal la admitió, el defensor de López advirtió que la prueba “fue incorporada en forma tardía y sorpresiva en noviembre de 2021” y que estuvo disimulada en el orden “236 G de incorporación por lectura de prueba”.

Ello significa que un elemento que para los fiscales fue central para la acusación tuvo 235 pruebas antes, ocultando su verdadera relevancia.

“La privacidad de López fue pisoteada”, ya que el contenido completo (incluyendo conversaciones privadas y familiares ajenas al proceso) fueron reveladas por la utilización del informe.

Finn no sólo cuestionó la exhibición de algunos  mensajes de los fiscales sino también lo propio que hizo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con otras comunicaciones que los fiscales habían omitido.

La defensa también objetó esa prueba sobre la base de tres premisas: “la privacidad no se pierde, la información no era pública, la incorporación fue tardía”.

Para graficar el volumen de lo extraído del teléfono, Finn explicó que si se lo imprimiera “serían 60 cuerpos de expediente de 200 páginas cada uno”.

El defensor afirmó que “José López fue parte de un proyecto político y  se dedicó tiempo completo a gestionar y contribuir al bien común”.

 López, quien fue condenado por “enriquecimiento ilícito” en otro proceso, derivado del hallazgo de bolsos con nueve millones de dólares que intentaba ocultar en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez, está acusado como parte la supuesta organización ilícita que denunciaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fiscales pidieron para él la pena de diez años de prisión en el juicio por la supuesta adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz durante los tres gobiernos kirchneristas.

Su defensor replicó que “no tenía ni posibilidades, ni  motivos, para evitar que se invierta en obra pública en Santa Cruz”.

“¿Era un titiritero, manejaba hilos invisibles, soplaba y daba sentido a las cosas, en vez de soplar el barro soplaba expediente y hacía que los funcionarios dictaminaran como quería, convertía lo ilícito en lícito?”, se preguntó retóricamente el defensor Finn.

La respuesta fue negativa: “no fijó los procedimientos de Vialidad Nacional ni de la provincial, no designó a funcionarios que estaban en los puestos claves y no tenía contacto ni poder sobre ellos”.

Sobre la acusación fiscal de no haber evitado los supuestos delitos que ocurrían en Santa Cruz, el defensor contestó que “no queda claro cómo era el deber de evitar lo que sucedía. ¿Tenía que frenar lo que él mismo organizaba?”.

Finalmente, el defensor repasó gran parte de la obra pública que pasó por la gestión de López y descalificó la acusación sobre las “obras por convenio”, que según los fiscales privilegió a Santa Cruz y Finn mostró que se hicieron en todo el país.  

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La defensa también objetó esa prueba sobre la base de tres premisas: “la privacidad no se pierde, la información no era pública, la incorporación fue tardía”.

Para graficar el volumen de lo extraído del teléfono, Finn explicó que si se lo imprimiera “serían 60 cuerpos de expediente de 200 páginas cada uno”.

El defensor afirmó que “José López fue parte de un proyecto político y  se dedicó tiempo completo a gestionar y contribuir al bien común”.

 López, quien fue condenado por “enriquecimiento ilícito” en otro proceso, derivado del hallazgo de bolsos con nueve millones de dólares que intentaba ocultar en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez, está acusado como parte la supuesta organización ilícita que denunciaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fiscales pidieron para él la pena de diez años de prisión en el juicio por la supuesta adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz durante los tres gobiernos kirchneristas.

Su defensor replicó que “no tenía ni posibilidades, ni  motivos, para evitar que se invierta en obra pública en Santa Cruz”.

“¿Era un titiritero, manejaba hilos invisibles, soplaba y daba sentido a las cosas, en vez de soplar el barro soplaba expediente y hacía que los funcionarios dictaminaran como quería, convertía lo ilícito en lícito?”, se preguntó retóricamente el defensor Finn.

La respuesta fue negativa: “no fijó los procedimientos de Vialidad Nacional ni de la provincial, no designó a funcionarios que estaban en los puestos claves y no tenía contacto ni poder sobre ellos”.

Sobre la acusación fiscal de no haber evitado los supuestos delitos que ocurrían en Santa Cruz, el defensor contestó que “no queda claro cómo era el deber de evitar lo que sucedía. ¿Tenía que frenar lo que él mismo organizaba?”.

Finalmente, el defensor repasó gran parte de la obra pública que pasó por la gestión de López y descalificó la acusación sobre las “obras por convenio”, que según los fiscales privilegió a Santa Cruz y Finn mostró que se hicieron en todo el país.