El fiscal federal Diego Luciani involucró al actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner en la acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Luciani reconoció que por entonces el hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “no tenía ningún cargo público”.

Pero mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.

Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala,  otro de los imputados en la Causa Obra Pública.

En uno de esos diálogos, López le hace saber  a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner “recorría las obras y pedía información sobre ellas”.

No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal “es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”.

“Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi.  Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones”, embistió el fiscal.

La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta “coordinación” con el resto de los imputados.

“La orden de realizar esta licitación y el apuro por las cien cuadras emanaban de los más altos cargos del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios el hijo de la Presidenta y José López”, aseveró el fiscal.

La licitación en cuestión, según Luciani, fue por “25 millones de dólares para hacer cien cuadras” y la obra fue adjudicada a la empresa Kank y Costilla, que dijo que estaba bajo control de Lázaro Báez.

Luciani abrió la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos.

Luciani inició el análisis a partir de qué empresas ofertaron para cada llamado a licitación para concluir que firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Lázaro Báez competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para “simular· la legalidad de la licitación.

No obstante, no precisó si, por la conformación de los pliegos de las licitaciones, otras empresas que hubieran deseado competir quedaron marginadas de pujar por quedarse con las obras.

Si bien habló de “direccionamiento” de las licitaciones para favorecer a Báez, omitió explicar qué empresas habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales.

El fiscal insistió en calificar como “ficción”· a cada proceso de licitación e hizo hincapié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras y la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución.

En ese sentido, destacó que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente.

“Uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas”, enfatizó.

Luciani anunció que volverá sobre la supuesta “incapacidad” de las empresas del Grupo Báez en la próxima audiencia, que será la cuarta de las nueve previstas para la acusación.

También aludió a los montos de “anticipos financieros” que fueron recibiendo las empresas de Báez en distintos tramos de la ejecución de las obras que le fueron adjudicadas.

“No podemos creer cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción”, insistió Luciani.