El presidente Javier Milei buscará llevar el ajuste a su custodia y a la de los exmandatarios, ya que aspira a firmar acuerdos con otros países para que se hagan cargo de esas tareas en el exterior.

La seguridad de los ex jefes de Estado durante sus viajes internacionales había generado cruces entre el libertario y su antecesor, Alberto Fernández, quien suele viajar a España para visitar a su familia.

A través del Boletín Oficial, el Gobierno dio a conocer el Decreto 299/2024, firmado por Milei y que estableció una serie de cambios en lo referido a la custodia del Presidente, vicepresidente, exmandatarios y sus familiares directos.

Además, de devolverle poder a la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de su hermana, Karina-, el líder de La Libertad Avanza encomendó al Ministerio de Seguridad "para que brinde la asistencia y colaboración que, en lo que se refiere a los aspectos materiales, presupuestarios y de gestión, requiera la implementación de las medidas previstas en los artículos 14 y 15 del Decreto N° 648/04 y sus modificatorios, en lo que respecta a los efectivos de la Policía Federal Argentina", responsables de cuidar a ese grupo de dirigentes.

El costo de la custodia de Macri en sus viajes al exterior, un secreto que el Gobierno se niega a transparentar

Lo destacado es que quedó establecido que la Casa Militar "evaluará la razonabilidad, extensión y gastos de los requerimientos que se efectúen" para custodiar al Presidente, vicepresidente, exmandatarios y sus familiares.

Ante ello, y en medio de un feroz ajuste, Milei subrayó que la Casa Militar podrá "sugerir la celebración de convenios con otros países para el mejor cumplimiento de la medida, especialmente cuando se trate de viajes prolongados o residencia en el exterior de los ex Mandatarios y de sus familiares directos".

Alberto Fernández con sus viajes -principalmente- a España y Mauricio Macri con su cargada agenda producto de su rol de presidente de la Fundación FIFA demandaron en los últimos tiempos una enorme cantidad de recursos humanos y económicos por parte del Estado argentino en lo referido a su custodia.