Siempre que hablamos de la presentación de un nuevo proyecto de ley surge inevitable la pregunta, ¿para qué? En este caso sería, ¿para qué necesitamos en la Ciudad de Buenos Aires una ley de cupo laboral trans?

En primer lugar podemos decir que hablamos, sin lugar a dudas, de una de las comunidades más vulneradas de nuestro país; con grandes dificultades para el acceso a la igualdad real de oportunidades y de trato.

La mayoría vive privadx de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, habiendo sido expulsadxs de sus hogares a muy temprana edad y excluidxs casi por completo del sistema educativo, del de salud, del mercado laboral, del acceso a la vivienda, con una expectativa de vida de entre 35 y 40 años, muy por debajo del promedio del resto de la población.

También corresponde mencionar la exclusión y la discriminación a las que deben enfrentarse a causa del prejuicio social, lo que
termina generando la expulsión del mercado laboral y sus consecuentes desigualdades socioeconómicas. El nivel socioeconómico del colectivo trans-travesti es la extrema pobreza.

Y tanto es así que desde la comunidad LGBTIQ+ se habla de "travesticidio/transfemicidio social" para dar cuenta del nivel de violencia y vulneración al que queda sometida esta población.

Veamos algunos números. Según estadísticas publicadas en La Revolución de las Mariposas, a diez años de "La Gesta del Nombre Propio", solo el 9% está insertx en el mercado formal de trabajo; la mayoría de las mujeres trans y travestis nunca accedieron a una entrevista laboral.

Casi el 70% de lxs encuestadxs no tuvieron ninguna entrevista laboral luego de asumir socialmente la identidad de género autopercibida. Del 30% restante, la mayoría (62,7%), accedió a una entrevista laboral en el ámbito privado; un 25,5% accedió a una en el ámbito estatal y un 9,8% tuvo entrevistas en ambos espacios, privado y estatal.

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Respecto al derecho a la vivienda, el mismo informe muestra que el 70% de la población travesti y trans encuestada vive en una
situación de vulnerabilidad habitacional.

Contar con una ley de cupo laboral significaría entonces un avance significativo y una garantía que dé un marco legal para el
cumplimiento del derecho al trabajo digno para la población travesti-trans-no binaria en la Ciudad.

Porque si bien la lucha de los colectivos LGTBIQ+ permitieron la ampliación de derechos en los últimos años, tanto a nivel nacional como en CABA, aún faltan políticas públicas que promuevan la inserción económica, social, laboral, política y ciudadana de esta comunidad, que reviertan las condiciones estructurales de vulnerabilidad que suelen traducirse en condiciones de posibilidad para la aplicación de discriminación y violencia en diversos grados y manifestaciones por parte de otros actores sociales.

Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en 2021 ocurrieron en la Argentina 120 crímenes de odio, en los cuales la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron el pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas.

Del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio registrados el año pasado, el 80% de los casos corresponden a mujeres travestis, transexuales y transgéneros; en segundo lugar, con el 12%, se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar, con el 4%, le siguen los varones trans; el 2% eran lesbianas; y, por último, con el 1%, las personas bisexuales y las
no binarias.

En la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2012 tenemos la Ley 4.376 de Política Pública para el Reconocimiento y Ejercicio Pleno de la Ciudadanía de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI), que promueve "la inserción
económica, social, laboral, política y ciudadana, el acceso a puestos de decisión y la integración en las políticas de desarrollo de las personas LGTBI" y la implementación de acciones para prevenir situaciones de discriminación y estigmatización y la visibilización de la producción cultural de la población LGBTIQ+.

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Además, establece que corresponde a la Ciudad "diseñar estrategias para garantizar que las personas LGTBI accedan a oportunidades de trabajo digno y de generación de ingresos, integrando acciones que fomenten la formación para el empleo, promoviendo la articulación de actores para el apoyo al emprendimiento y la erradicación de las prácticas discriminatorias en el ámbito local".

Incluso propone la creación de un "cupo laboral trans" en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires, para la incorporación de personas del colectivo trans en una proporción no inferior al 5 por ciento.

Según el informe realizado por el Observatorio "Ovitrans" en 2018, solo una empleada trans trabaja en el Juzgado de Elena Liberatori y una persona más se desempeña en la Legislatura porteña "con un contrato de locación de servicios, cumpliendo funciones de guía a alumnos de colegios" en visitas guiadas.

De acuerdo con un relevamiento interno de 2021, hay cinco personas trans trabajando en la Legislatura porteña. De las casi 139 mil personas que trabajan en la Administración Central del Poder Ejecutivo porteño, solo 43 son trans; muy lejos de los casi 7.000 puestos de trabajo que deberían existir si se cumpliera la Ley 4.376.

Aun si tomamos los datos de la página oficial del Plan Integral de Acceso al Trabajo para Personas Trans del Gobierno de la Ciudad, donde se informa que "al día de hoy se ha incluido en el mercado laboral a 100 personas, tanto en el ámbito estatal como en el privado", seguimos muy por debajo de lo que indica la normativa vigente, que de por sí se plantea como un piso y no como un techo.

La pregunta que nos hicimos al inicio queda respondida de sobra. Nos sobran los motivos. Por eso desde el bloque del Frente de Todxs en la Legislatura porteña presentamos un proyecto de ley para que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional N° 27.636, de Promoción Del Acceso al Empleo Formal Para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins", por considerarla complementaria de la 4.376, al establecer mecanismos concretos para garantizar la incorporación al empleo público de lxs integrantes de la comunidad travesti, transexual y transgénero.

Porque estamos convencidxs de que el acceso al trabajo es la puerta de entrada a muchos otros derechos para este colectivo tan vulnerado: a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al derecho a un proyecto de vida.

(* - Laura Velasco es legisladora porteña del Frente de Todos, educadora y feminista; su columna de opinión se publica respetando el estilo de escritura de la autora).