La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia comenzará a escuchar desde el martes próximo a los empresarios que estuvieron presentes en la reunión que se realizó en 2017 en las oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires de la Capital Federal en la que funcionarios y agentes de inteligencia hablaron sobre el supuesto armado de causas a gremialistas.

Así lo informó el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, quien precisó que también será citado a declarar el subcomisario retirado de la Policía Bonaerense Hernán Casassa, a quien se le atribuye un audio en el que explica los procedimientos supuestamente armados desde el poder político contra el ex gobernador, candidato presidencial y actual embajador ante Brasil, Daniel Scioli.

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La Bicameral, que es presidida por el diputado oficialista Leopoldo Moreau, elaboró un informe de más de 300 páginas documentando su labor en relación con la causa principal por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

“Ese documento no fue tomado en cuenta por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi cuando dictaron el fallo que sostiene que el espionaje ilegal lo realizaron ‘cuentapropistas’ de la AFI”, se quejó Valdés.

No obstante, reiteró que ante la aparición del video que parece mostrar una reunión en la que se trazaron cursos de acción para armar causas contra dirigentes gremiales, especialmente el de la UOCRA de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, la Comisión volverá a avanzar en una investigación sobre inteligencia ilegal.

Desde el martes próximo fueron citados Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini,  presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, Director de ACIP y Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata.

“No les estamos imputando nada, pero queremos escucharlos sobre lo que ocurrió en esa reunión”, precisó Valdés, en declaraciones a la TV Pública.

En cuanto al subcomisario Casassa, el legislador explicó que la Bicameral quiere saber si el audio que se le atribuye, en el cual explica cómo presuntamente ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal armaron la causa contra Scioli, efectivamente corresponde con su voz.

La situación de Casassa ya está judicializada, a raíz de una denuncia que presentó el ex jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez.

La Bicameral no tiene pode sancionatorio y la asistencia a declarar ante ella es opcional para quienes son convocados.

No obstante, puede elaborar informes que luego son entregados a la Justicia en el marco de expedientes en trámite, como una suerte de aporte para el esclarecimiento de los casos.