Por Gonzalo Ruanova.

A los sectores nacional populares/progresistas nos ha costado discutir sobre seguridad y la policía. Hay que entender que una policía bien remunerada, equipada, con calidad de vida y con una conducción civil profesional son condiciones básicas para una mejor democracia, con pleno respeto de los derechos humanos y segura para todos.

Para tener una policía como la que necesitamos, tenemos que dejar de actuar únicamente cuando ocurre una desgracia. Las protestas de la policía bonaerense de agosto y el trágico asesinato de Juan Roldán, pusieron en el centro del debate las condiciones laborales de los policías. Responder ante la emergencia nos hace llegar tarde y ejecutar políticas superficiales.

Es necesario partir de un diagnóstico claro: le pedimos a policías con salarios del tercer mundo resultados del primero. Previo a las protestas un oficial de la bonaerense ganaba 36.785$, por debajo de la línea de pobreza y tras perder en los 4 años anteriores el 29% de su poder adquisitivo. Para poder establecer un correcto esquema de premios y castigos a los oficiales tienen que estar bien remunerados.

Además de salarios dignos existen una serie de aspectos con los que estamos en deuda con la policía: principalmente su calidad de vida y equipamiento. El 87% del presupuesto de seguridad de la provincia de Buenos Aires se destina al pago de salarios, dejando poco lugar a otros aspectos igual de esenciales, como la vivienda. La mayor parte de los efectivos policiales viven en ambientes hostiles, lo que afecta su calidad de vida y el servicio que pueden prestar.

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Mejor policía es más democracia

Las necesidades de nuestras fuerzas tienen que ser canalizadas a través de instituciones. En nuestro país existen experiencias de gestión muy interesantes de relaciones laborales con las fuerzas y que es necesario discutir, como es el caso de Chubut. Donde existen representaciones policiales con competencias en temas de bienestar, salario y condiciones de trabajo. Facilitando las demandas y mejoras, pero sin permitir las huelgas.

Otro debate que fue puesto en consideración por el asesinato de Roldán y el caso Chocobar, es el uso de las armas de fuego. Ambos debates no tocaron el punto central sobre el uso de la fuerza: el correcto entrenamiento y equipamiento. Abrir fuego debe ser la última opción, y solo para personas con alto entrenamiento. Hacerlo en contextos inadecuados y sin entrenamiento es un peligro para civiles y para el propio policía. Así lo indica el último informe del CELS sobre letalidad policial, que señala que la mayor parte de los asesinatos a policías ocurrieron fuera de servicio.

No esperemos a la próxima crisis para actuar. La gestión de Patricia Bullrich, con la que discrepo en casi todo, mejoró el sistema de información criminal. Usemos lo elementos que tenemos y ejecutemos cuanto antes políticas de seguridad basadas en evidencia que nos den una mejor policía, para cuidar a todos los ciudadanos en un marco democrático y respetuoso de los derechos humanos.