El empresario Lázaro Báez, condenado en dos causas por corrupción en la obra pública durante el gobierno 2003 – 2015, afronta ahora una nueva causa judicial que podría tener implicancias en las otras: la división de bienes en su divorcio.

La Corte Suprema resolvió en su último acuerdo que el juzgado de instrucción número 29 investigue una denuncia presentada por la ex esposa de Báez, Norma Calismonte, por supuestas irregularidades, por las que también responsabiliza a una abogada del empresario.

Calismonte acusó a la abogada Elisabeth Gasaro de quedarse con dinero que debía formar parte de la disolución de la sociedad conyugal que mantuvo con Báez hasta noviembre de 2015.

Gasaro –según la denuncia- era apoderada de Báez y mientras éste estaba detenido en una cárcel común (actualmente está en prisión domiciliaria) era quien le pagaba la manutención acordada.

Esas entregas, añadió, se realizaban “en forma irregular y discontinuada” y de allí nació la sospecha sobre un desvío de dinero, puesto que “la abogada y su hermano habrían ampliado su patrimonio y constituyeron sociedades”.

Ante la posibilidad de que el dinero en cuestión fuera parte de lo que el Estado pretende recuperar en caso que las condenas contra Báez queden firmes, se suscitó un conflicto de competencia entre un juzgado penal ordinario y uno federal.

La Corte resolvió ahora que continúe interviniendo un juzgado nacional de instrucción con sede en la Capital Federal y  señaló que la denuncia formulada por la ex mujer de Báez “presenta términos vagos e imprecisos”.

El máximo tribunal concluyó que “corresponde que la justicia nacional ordinaria profundice la investigación para esclarecer los hechos y delimitar adecuadamente el objeto del proceso”.