La conformación del Consejo de la Magistratura sufrió hoy dos nuevos problemas: una agrupación que representa a los abogados denunció que los consejeros Jimena De la Torre y Diego Marías no pueden ocupar sus cargos porque omitieron suspender sus matrículas, tal como lo exige la ley.

La agrupación Gente de Derecho, que encabeza el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo, le remitió una nota al presidente del Consejo –y, a la vez, de la Corte Suprema- Horacio Rosatti, advirtiendo sobre “una gravísima violación legal que hace a la inhabilidad legal y moral de dos miembros del cuerpo”.

Rizzo sostuvo que los consejeros De la Torre y Marías están obligados a suspender su matrícula federal porque la ley establece que “los miembros del Consejo de la Magistratura estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales”.

“Los abogados deberán suspender su matrícula federal por el tiempo que dure el desempeño de sus cargos”, sostiene la ley del Consejo.

Otra norma –añade el escrito, “impide a los abogados que se desempeñaren en cargos como el de Consejero, ejercer la profesión. Y no basta para ello con una simple manifestación; ni siquiera alcanza con una declaración jurada: deben inhabilitar su matrícula efectuando la denuncia correspondiente ante el Departamento de Matrícula del Colegio Público”.

Según la denuncia, ni De la Torre, ni Marías, cumplieron con ese requisito y, además, “hicieron publicidad de la lista 67” que ganó las recientes elecciones en el Colegio Público.

El nuevo presidente del Colegio será, a partir del 30 de mayo, el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra.

En las elecciones que lo ungieron, los consejeros De la Torre y Marías emitieron su voto, pese a que –según la denuncia- no podían hacerlo.

“Dicha circunstancia es una notable violación dispuesto por la normativa señalada que coloca a los consejeros en la misma condición de los magistrados cuando dispone sus inhabilidades, pero lo que roza con la mala fe o peor aún, con el desconocimiento del Derecho, es que al no haber denunciado dicha incompatibilidad ambos letrados figuran en el padrón de matriculados habilitados para votar”, sostiene la presentación ante Rosatti.

Rizzo denunció “la ausencia total de respeto por las normas que dicen venir a hacer cumplir los aquí encartados”.

“Es necesario que ésta ‘nueva historia’ del Consejo de la Magistratura comience con el pie derecho e imponga el máximo de sanción prevista a quienes siendo parte del propio Organismo, incumplen de manera malsana con expresas mandas de las leyes del Consejo y de la Colegiación”, resumió.