A 45 años del golpe, qué pasa con los juicios por los crímenes de la dictadura
Por la pandemia, creció el número de asistentes a las audiencias de manera virtual. "El uso de las plataformas multiplicó la cantidad de gente, lo que redunda en un mayor interés por los juicios", afirmó una funcionaria de DDHH a NA.
A 45 años del comienzo de la dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia, se evidencia una marcada ralentización de los juicios contra los autores de los atroces crímenes del régimen, mientras que una de las novedades, surgida en situación de pandemia, es que se incrementó notoriamente el interés general por las audiencias y el números de asistentes que las siguen a través de las redes sociales.
Tanto la Procuración especial y otros organismos oficiales, como las organizaciones de Derechos Humanos, coinciden en señalar, no faltos de preocupación, que gran parte de las sentencias dictadas por los Tribunales no se encuentran firmes, y que en los últimos años se incrementaron los pedidos de prisiones domiciliarias de los represores condenados, y el otorgamiento de las mismas por parte de los jueces.
Los organismos consideran que existe un relajamiento en el otorgamiento de esos beneficios, comparándolos con los primeros concedidos, que había sido mas rigurosos. "La mayoría de los genocidas que solicitan las domiciliarias obtienen ese beneficio", señalaron.
"Memoria, verdad y Justicia"
Bajo la advocación de la consigna de "Memoria, verdad y Justicia", la semana del 24 de Marzo sirve para hacer un balance sobre los avances y retrocesos en torno al juzgamiento de los responsables de miles de secuestros, torturas, violaciones a mujeres, robo de bebés y desapariciones de detenidos políticos
durante los casi ocho años de interrupción democrática.
Según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre del 2020, desde 2006 fueron dictadas 250 sentencias en 623 causas abiertas, de las cuales hasta esa fecha "resultaron condenadas 1.013 personas y absueltas 164".
El informe señala que "persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país".
Esos números revelan que el 70 por ciento de las sentencias dictadas fueron apelados ante la Corte o la Cámara de Casación por lo que las mismas no se encuentran firmes, dando espacio así a un mayor número de domiciliarias.
El promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio y el porcentaje de condenados con domiciliaria oscila el 74 por ciento.
Mauricio Macri no quiso, o no pudo, pagar el costo de retrotraer la situación e indultar a los represores, ante una sociedad siempre sensibilizada por los crímenes de la dictadura y las violaciones a los Derechos Humanos, pero durante su gobierno se relajó el estricto cumplimiento de las penas, muchas de ellas en cárceles comunes.
Así fue que "disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior (de 22 a 9), y el número de personas detenidas" (863 en la actualidad) y "se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante".
De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución". Casi todos los jerarcas militares que tomaron la decisión de derrocar al enclenque y fustigado gobierno de Isabel Perón ya murieron, entre ellos los dictadores Jorge Videla, Eduardo Massera, Roberto Viola y Reynaldo Bignone, entre otros.
Memoria y Justicia
Durante el período de restricción por la pandemia que azota al país y al mundo, fueron elevados a la instancia oral algunas causas de singulares características, en las que los acusados resultan emblemáticos respecto del accionar represivo y la comisión de delitos de lesa humanidad.
Tal es el caso del iniciado en diciembre contra Carlos Antonio Españadero, alias "mayor Peirano" o "Peña", un oficial del ex Batallón 601 de Inteligencia, acusado por el secuestro de 8 personas en el Centro Clandestino de Detención "Cuatrerismo", entre los que se contaban los hijos del máximo dirigente del ERP Mario Santucho.
Españadero, infiltrado durante la dictadura, también se ganó la confianza de la Embajada de Alemania, a donde recurrían los familiares de las víctimas de ese origen, ofreciéndose como nexo con los militares, una acción similar a la que realizó Alfredo Astiz en el primer grupo de Madres de Plaza de Mayo.
Otros juicios, como los referidos a la llamada "Contraofensiva Montonera" están pendientes de resolución.
Si bien el paso del tiempo conspira a favor de la impunidad de los represores, el aporte a la verdad por parte de quienes investigan las causas es firme y constante.
