Sólo en el área de Seguridad, el nuevo ministro porteño del área, Marcelo D’Alessandro, tiene a su cargo 25.000 agentes de la Policía de la Ciudad repartidos en 15 comisarías comunales que deben asegurar las vidas y propiedades de los vecinos, pero también trabajar para intentar mantener un equilibrio social precario que se manifiesta en las crecientes marchas y piquetes que suceden casi a diario en el centro porteño.

El cargo de ministro de Justicia y Seguridad al que accede D’Alessandro, de 46 años, abogado y ex diputado nacional, quedó vacante por la decisión de Diego Santilli de comenzar a realizar campaña política en la provincia de Buenos Aires. Desde 2015, D'Alessandro se desempeñó como secretario de esa cartera y el viernes 6 de agosto, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le tomó juramento en la plaza de armas del Instituto Superior de Seguridad Pública. Luego de las formalidades y de los discursos, en rueda de prensa, dialogó con NA acerca de los temas que lo aguardan en lo inmediato.

- Hay un paisaje que no cambia en las calles de Buenos Aires, al menos desde el 2001 al día de hoy, las concentraciones piqueteras, los cortes de calles y la imposibilidad de transitar para muchos de los que se desplazan por la ciudad. ¿Cómo va a lidiar con este tema que harta a los porteños?

- Las manifestaciones sociales tienen un reclamo puntual donde, en su gran mayoría, no son demandas a la Ciudad sino temas de la Nación y nosotros tenemos un diálogo permanente con las autoridades de Nación. Bajo todo punto de vista nosotros no queremos transformar un reclamo social en un tema de seguridad. Siempre lo dijimos y lo mantenemos porque nuestro límite es la violencia. Por supuesto, hacemos todo lo que se puede hacer para que convivan estos dos derechos, el de reclamar y de peticionar a las autoridades y también el de transitar de los ciudadanos. El jueves 5, por ejemplo, tuvimos una movilización muy importante porque había miles y miles de personas en esa marcha, con lo cual muchas veces es difícil de conseguir lo ideal y lo encauzamos desde el tránsito, con todos los agentes, y lo monitoreamos. Por lo general, tenemos pautas y protocolos de acción para estas marchas, a excepción de un desborde de gente como la que hubo el jueves, pero si no es así, intentamos no cortar el Metrobus, mantener un carril liberado y trabajar en forma conjunta con las autoridades del gobierno nacional esperando que les den respuesta inmediata a los reclamos para evitar este tipo de problemas y concentraciones.

- ¿Qué ocurre con el presupuesto de su ministerio luego del recorte de fondos que recibe la Ciudad de parte del gobierno nacional por el traspaso de la policía?

- El tema de los fondos lo está analizando la Corte Suprema. Lamentablemente, de forma unilateral e intempestiva le sacaron a la Ciudad más de 65 mil millones de pesos, intentamos desde el diálogo político e institucional entablar un entendimiento que no se logró y debimos recurrir a la Justicia. Hoy, el expediente se halla en la Corte  a la espera que sus miembros se expidan.

- Se trata de una fuerza de seguridad pública, de reciente creación, que comenzó a operar en 2017. ¿Cómo estaba la Ciudad antes y cómo está ahora en materia de combate a la inseguridad?

- Cuando nosotros comenzamos la gestión y tomamos la responsabilidad de la seguridad en la Ciudad se robaban, en 2016, alrededor de 500 autos. Hoy estamos en promedio de 50 vehículos y se localizan rápidamente gracias a la tecnología y a la herramienta de “anillo digital”. Además, en la Ciudad de Buenos Aires, hemos logrado terminar con las bandas de secuestros extorsivos. Hemos trabajado junto al fiscal Santiago Marquevich en ese sentido. Disminuimos el robo y el hurto en torno a un 60% y también cayó el accionar producto de la modalidad del motochorro que tanto afecta a la población y, según los índices internacionales, la tasa de homicidios dolosos es de las más bajas del continente. Nos ubican en el segundo lugar como las capitales más seguras de América. Sólo nos supera, ya en Norteamérica, la ciudad de Quebec donde esa tasa de crímenes es muy baja. Sabemos que falta pero estoy convencido que estamos en el camino correcto.

- Ahora bien, las víctimas de los delitos que ocurren en la Ciudad, suelen denunciar a la prensa que los delincuentes entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra. Una especie de puerta giratoria que los devuelve a las calles para continuar delinquiendo.

- Nosotros vamos a ser muy firmes en continuar deteniendo delincuentes a pesar que muchos de ellos recuperan su libertad mucho más rápido de lo que tarda el policía en realizar su sumario. Tenemos el caso reciente, con mucho impacto en la opinión pública, del narcotráfico conocido como Dumbo y durante un año entero pedimos allanamientos para ir contra él y, finalmente, por esta demora, el barrio se complejizo y le permitió a Dumbo escapar. Todo eso lo vamos a seguir denunciando pero también hay que resaltar a los jueces y fiscales que trabajan junto a la policía para que puedan realizar estas investigaciones. Nosotros tenemos un despliegue policial importante que vamos a mantener.

- ¿Cuál es el problema que más le preocupa en lo inmediato?

- Nosotros tenemos un problema muy grande en estos momentos porque tenemos una causa penal por los detenidos en las comisarías donde se están vulnerando los derechos humanos de esos detenidos y, además, esta situación va en contra del fallo Verbitsky que prohíbe tener los detenidos en estas dependencias y eso hace que los policías, en vez de estar cumpliendo su función, estén oficiando de carceleros, trabajo para el cual no fueron formados.

- Una vez más se produce el debate por las armas de electrochoque. Esta vez, por lo que sucedió en el domicilio del famoso cantante Chano que terminó baleado por un policía. ¿Se vuelven imprescindibles para el accionar policial las pistolas Taser?

- En esto quiero dividir dos temas. Primero, decir que iniciamos el proceso de licitación y compramos 60 pistolas Taser. Pedimos las autorizaciones correspondientes y ahora viene otro proceso de autorización que es la constatación de las credenciales del proveedor para poder ingresarlas al país. Hubo un cambio de funcionario a nivel nacional que en estos momentos está demorando la importación. Nosotros estamos convencidos que es una herramienta necesaria para que la policía pueda desenvolverse en diferentes eventos y hay que hacer hincapié en la ley de salud mental, tema por el cual la pandemia de coronavirus, dejó en evidencia las falencias que tiene esta norma con las consecuencias tan terribles que trae aparejada. Hoy, se está  juzgando el accionar  de un policía cuando en realidad lo que fallo fue la ley de salud mental y los profesionales de salud que deberían haber advertido y actuado para prever que esta situación no ocurra y no terminar por echarle la culpa al policía por su intervención.