La abogada Silvina Martínez denunció a la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa por la presunta protección a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, demorando un fallo sobre las causas Los Sauces y Hotesur, a cambio de que se revalide su continuidad en el cargo pese al límite de los 75 años de edad.

Martínez –abogada, entre otros, del periodista Luis Majul- denunció “actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones” a la jueza, para quien solicitó el inicio del proceso de remoción del cargo.

La abogada formuló la presentación “a la Comisión de Disciplina y Acusación”, pero tras la reorganización del Consejo después del fallo de la Corte de diciembre de 2021 esa comisión se dividió en dos, Disciplina por un lado y Acusación por el otro.

Martínez denunció “la utilización de su poder jurisdiccional en las causas Hotesur y Los Sauces para satisfacer sus intereses, con el claro propósito de obtener el beneficio de continuar en el cargo una vez cumplidos los 75 años de edad, desviando su poder con pérdida irremediable de la imparcialidad para seguir en el cargo”.

Pero además, denunció “reiteradas irregularidades en el desempeño de la función, principalmente demoras en la tramitación de las causas que, de continuar, derivarían en perjuicios para el progreso de las investigaciones”.

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Según Martínez, “Figueroa tiene retenida la causa Hotesur - Los Sauces” en la que “ya votaron sus dos colegas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y sólo resta que ella se expida sobre la reapertura”.

En ese expediente, la vicepresidenta fue sobreseída antes de que se celebrara el juicio oral y público, pero la medida fue apelada ante el máximo tribunal penal del país.

“El Senado lo preside Cristina Kirchner y por eso la beneficia reteniendo la causa y dilatando los tiempos.  ¿El objetivo? Lograr que las elecciones del 2023 transcurran sin un nuevo juicio oral con la vicepresidenta como acusada”, especuló Martínez.

Para continuar en el cargo, Figueroa necesita el acuerdo del Senado, según los procedimientos establecidos para los magistrados que cumplen los 75 años de edad.

El presidente, Alberto Fernández, ya pidió la reválida, pero la abogada Martínez cuestionó que “no todos los jueces consiguen este beneficio: Liliana Catucci y Eduardo Riggi, también integrantes de la Cámara de Casación, no obtuvieron el aval del Gobierno para seguir en su cargo”.

“Pero Figueroa sí. A cambio retiene la causa que más preocupa a la vicepresidenta”, remató.

La ley vigente establece que el Poder Ejecutivo “podrá” pedir la continuidad de un juez más allá del umbral etario pero no está obligado a hacerlo, pues se trata de una facultad discrecional que posee.