La Cámara de Diputados retomó hoy, después de siete meses, el debate en torno a la reducción de la jornada laboral a partir de propuestas de modificación de la añeja ley 11.544 de 1929.

La comisión de Legislación del Trabajo, que preside Martín Tetaz, acordó darle continuidad a esta agenda con una nueva convocatoria a una reunión informativa, con fecha a definir.

La normativa vigente desde hace casi un siglo establece jornadas laborales de un máximo de 48 horas y hasta 9 horas por día. Se trata de una de las cargas horarias más exigentes de América Latina y el mundo. 

En muchos países de la región y también en otros continentes se pudo avanzar en los últimos años con reformas que acortaron la jornada laboral, con argumentos multidimensionales, como por ejemplo la posibilidad de ampliar el mercado formal de trabajo y la cantidad de trabajadores, la reducción del estrés laboral, un mejor balance entre la vida personal y la laboral, y una mejora del rendimiento y la productividad.

Al inicio de la reunión, se abordaron los proyectos de los diputados Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y Julio Cobos (UCR), que volvieron a asesores en la búsqueda de mayores niveles de acuerdo.

El proyecto del líder de La Bancaria modifica el artículo 19 de la Ley de Contrato de Trabajo de manera tal que los empleadores, al momento de despedir a un trabajador sin el plazo de preaviso, deban liquidar en la respectiva indemnización ese períodos en que el trabajador debió haber sido preavisado de su desvinculación, agregando en la base de cálculo esa antigüedad adicional.

Para un pasante, el preaviso estipulado por ley es de 15 días, mientras que para un trabajador con menos de cinco años de antigüedad el período de preaviso es de un mes, y para un empleado de más de cinco años antigüedad es de dos meses.

Naturalmente, con esta propuesta de Palazzo, el costo de las indemnizaciones es más alto, e incluso podría darse el caso de que al computarse ese tiempo de preaviso, al trabajador le corresponda un año más de pago por los servicios prestados en una empresa u organización.

La diputada de La Libertad Avanza Alida Mónica Ferreyra anticipó un dictamen en minoría de rechazo, al sostener que “los empleadores, al no tener en vista el plazo de preaviso, optan por lo que ha dado la Ley de Contrato de Trabajo, que es la indemnización sustitutiva”. 

“Esto amerita un debate mucho más amplio, porque se está apuntando a que el trabajador tenga una indemnización mayor, para que se le compute un período más amplio de trabajo y la  indemnización sea mayor. Puede pasar que el empleador, en víspera de que se le va a computar un año más, lo despida antes. No creo que lo beneficie al trabajador. El intervencionismo nos ha llevado al lugar donde estamos”, sumó el también oficialista Gabriel Bornoroni.

En tanto, el diputado del PRO Sergio Capozzi también manifestó sus objeciones al sostener que con la iniciativa de Palazzo se estaría “creando una ficción, que es la de que el trabajador continúe en relación de dependencia cuando no lo está”.

Luego de este debate se procedió a continuar con la discusión en torno al proyecto de Cobos de sistematización del cobro de propinas mediante medios de pago electrónicos, algo que resolvería el problema a trabajadores del rubro gastronómico, principalmente.

“Todo trabajador que desempeñe tareas en las que es costumbre la entrega de propina por parte del cliente, tiene derecho a que esta pueda hacerse efectiva a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico”, argumentó el mendocino.

Reducción de la jornada laboral

Son varios los proyectos que apuntan a recortar la jornada laboral. Entre ellos se encuentra el de Hugo Yasky para fijar la carga semanal máxima en 40 horas y un máximo de ocho horas por día, percibiendo la misma remuneración.

Palazzo y Mónica Litza de UP, y el socialismo proponen un máximo de 36 horas semanales y ocho por día, mientras que Eduardo Valdés (UP), Nicolás del Caño (FIT) y Claudia Ormachea (UP, mandato cumplido) impulsan un proyecto para establecer jornadas máximas de seis horas diarias y hasta 30 horas semanales.

Al exponer en la comisión, Valdés sostuvo que el mundo entero está atravesado por esta discusión y que los países más desarrollados ya avanzaron en ese sentido. Puso como ejemplo España, donde la carga semanal máxima es de 40 horas, y en América Latina los países que dieron pasos recientemente fueron Chile y Colombia. 

Por su parte, Del Caño recordó que Argentina tiene “la jornada más extensa de América Latina; se ha multiplicado la productividad del trabajo y la evolución permitiría aliviar la jornada de trabajo”, por lo que instó a que los trabajadores tengan mayor tiempo libre para desarrollar otras actividades.

En este sentido, pidió "reducir las horas laborales para alivianar la carga del trabajo y repartir las horas de trabajo para generar un millón de puestos de trabajo genuino”.

A su turno, Litza dijo que le parecía “ridículo” estar discutiendo esto en el siglo XXI, y evocó las palabras del papa Francisco en 2021, cuando dijo que “no puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas por la falta de trabajo”. 

Llamó por ende a “encontrar un equilibrio y entender que no es que se va a trabajar menos porque no nos guste trabajar, sino que hay que tomar las herramientas que nos da la tecnología y la ciencia, y pensar en el bienestar, que tiene que ver con poder acceder a otras posibilidades que permiten tener una jornada más reducida”.

Por su parte, la ex presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, expresó que “una de las reconvenciones necesarias es la reducción del tiempo, si entendemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no la maximización de la riqueza”.

“Esta discusión es histórica, pero es del futuro, y más que en nuestro país desde 1929 no se cambia la legislación sobre jornada laboral”, agregó.

Por último, Tetaz destacó que “hay muchísimos experimentos en el mundo sobre reducción de la jornada laboral” y habló de los “resultados muy buenos” en materia de salud mental, lo cual desemboca en “ganancia productiva para el propio empresario, que al tener menos carpeta médica no necesita reemplazar a tantos trabajadores". 

La propuesta del economista radical estipula “un período de exploración de jornadas alternativas" por un período de tres a seis meses para probar esquemas horarios alternativos “a modo de evaluar si se sostiene la productividad”, y aclaró que “no se trata de trabajar menos, sino mejor".

"Atrasa lo de analizar en el mundo cuántas horas se trabajan; no importa eso: cambiemos el paradigma del tiempo por el de la productividad”, concluyó.