La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato presentó un proyecto que busca que todas las iniciativas de ley que se presenten contengan una estimación del gasto y fuentes de financiamiento para afrontar ese costo fiscal.

En línea con los objetivos del Gobierno de Javier Milei, quien amenazó con vetar cualquier proyecto que amenace el déficit cero, la vicepresidenta de la Cámara baja impulsa este debate para fomentar la responsabilidad fiscal de los legisladores cuidando los recursos del Estado.

La iniciativa de la diputada macrista, que apunta a reformar el reglamento de la Cámara, dispone a su vez que todos los proyectos que supongan gasto público deban contar con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), aunque éste no tenga un carácter vinculante.

“Me desespera que el Congreso, que administra la vida de millones de argentinos y millones que ni nacieron, legisle sin la debida información”, expresó Lospennato.

La legisladora recordó que la Ley de Administración Financiera obliga a dar cuenta del origen del gasto de cada ley que se propone y lamentó que los diputados “hagan trampa” poniendo sistemáticamente como origen fondos a asignar por la Jefatura de Gabinete, sin mayores explicaciones. 

La discusión se coló la semana pasada en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que justamente preside Lospennato, quien recibió reparos de parte diputados que comulgan con la iniciativa.

Concretamente le plantearon que la Cámara baja no cuenta con recursos humanos suficientes para poder calcular el impacto fiscal de cada proyecto de ley que se presenta, y mucho menos con fondos para tercerizar esa tarea con asesores externos.

La legisladora del PRO relativizó esa advertencia y señaló que la plata del Congreso cuenta con más de 7.000 empleados, muchos de ellos con competencias calificadas para desempeñar esa función de asesoramiento técnico, que si fueran asignados correctamente podrían dar una respuesta eficaz a esa tarea. 

Además del proyecto de Lospennato, hay otras iniciativas que van en la misma sintonía de conferirle mayor intervención a la OPC, como la de Carla Carrizo (UCR), Paula Omodeo (CREO) y Romina Diez (La Libertad Avanza).

Según trascendió, la diputada del PRO tiene el aval del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para ponerse al hombro una reestructuración interna de la planta del cuerpo para aprovechar mejor los recursos humanos y suprimir las estructuras innecesarias para el funcionamiento legislativo.