En medio de cambios en la cúpula militar, el gobierno de Javier Milei promueve una reforma para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico junto a las fuerzas de seguridad, actualmente las únicas habilitadas por ley para dichas tareas.

Este miércoles, en ceremonias separadas, asumen formalmente los nuevos jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea designados por el presidente Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Se trata del general de brigada Carlos Alberto Presti, el contraalmirante Carlos María Allievi y el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, respectivamente.

En paralelo, Petri se encuentra elaborando un decreto, con apoyo de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para modificar la Ley de Defensa y permitir la participación militar en operativos contra el narcotráfico y el terrorismo.

Si bien la Ley de Defensa Nacional prohíbe el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, el gobierno argumenta que el narcotráfico y el terrorismo representan amenazas externas que ameritan la intervención castrense.

De concretarse, el decreto marcaría un giro respecto a la normativa actual, que limita a las fuerzas militares a brindar sólo apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, sin capacidad operativa.

La iniciativa generará críticas de organismos de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de militarizar las fuerzas de seguridad interior. No obstante, el gobierno defiende la necesidad de una respuesta coordinada e integral frente a amenazas complejas como el crimen organizado.

Con los nuevos nombramientos militares ya formalizados, el decreto que habilitaría su participación sería un anuncio bien guardado en la Casa Rosada. La situación en la ciudad de Rosario, por ejemplo, muestra el incremento en la Argentina de las organizaciones delictivas y su poder de corromper. El gobernador Maximiliano Pullaro se vio obligado a mudar a su familia por las amenazas recibidas.