Para quienes integramos el Frente de Todos, los resultados del 12 de septiembre fueron un verdadero cachetazo que obliga a la reflexión sobre lo ocurrido.

Más allá de que la magnitud de la derrota indica que difícilmente la misma pueda explicarse por una sola causa, y que incluso habrá habido cuestiones que incidieron más en algunos distritos y en algunos sectores sociales que en otros, lo cierto es que pareciera que se subestimó en demasía el deterioro en las condiciones de vida del pueblo argentino.

No se tomó en cuenta que 2021 era el cuarto año de caída permanente del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, planes sociales y demás alternativas de ingresos fijos. Es decir, de caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población.

La idea que gobernó algunas decisiones fue que con la unidad del Frente y con la campaña de vacunación alcanzaba. Evidentemente no fue así. Es indudable que las restricciones sanitarias propias del combate a la pandemia interfirieron en el funcionamiento de la economía y que produjeron una abrupta caída de la actividad económica que impulsó la escalada de la pobreza (47%) y de la indigencia (12%).

Sin embargo, a partir de mayo del año pasado y a medida que se fueron relajando las restricciones propias de la cuarentena, la actividad comenzó a recuperarse, pero lo que no se modificó de manera significativa fue el profundo deterioro de la situación social que se había configurado en el marco de la cuarentena más estricta.

La razón es fácil de percibir. La resistencia de los formadores de precios a las pautas macroeconómicas fijadas por el Gobierno nacional le cambió el sentido a la reactivación. El aumento de los precios y, particularmente, el de los alimentos, hizo que la reactivación se diera en un marco de ampliación de la desigualdad.

Como ejemplo puede observarse que al comparar el primer trimestre de 2020 con el primero de 2021, el PBI se recupera un 2,5%. No obstante, al observar la cuenta de generación y distribución del ingreso que publica el INDEC, allí se puede observar que en el marco del crecimiento del PBI, la masa de salarios pierde participación en el ingreso total generado en un 3,8%, mientras el excedente bruto empresarial se expande un 5,1%.

Así las cosas, el impacto de la recuperación prácticamente no se sintió en la situación social, el primer trimestre la pobreza se mantuvo en un 42% y la indigencia en el 11%.

De este modo, durante el período del gobierno de Alberto Fernández se acumularon 2,2 millones de pobres más y casi 1,3 millones de hambrientos más. En este contexto donde la recuperación no derrama socialmente, el mercado interno y la demanda de las mayorías se mantuvo planchada y por tanto se desaceleró y comenzó a ahogarse la recuperación económica.

De hecho, el último mes de crecimiento fue enero. Febrero, marzo, abril y mayo fueron meses de retroceso de la actividad económica. Situación ésta que se dio en el marco de las negociaciones con el FMI, cuyas características llevaron a sobreactuar el ajuste fiscal profundizando el sufrimiento social luego de tres años (2018/19/20) de caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población.

Es más que evidente que el ajuste puso en riesgo la elección. El fracaso de la política de precios del Gobierno nacional y el déficit en materia de política de ingresos son dos desafíos clave para el futuro post-PASO.

Respecto al primer punto (la inflación), es imprescindible sustituir lo que ha sido una estrategia política de diálogo con los formadores de precios, por otra que, sin eliminar el diálogo, priorice el rigor de la regulación pública.

Regulación que debiera articular la capacidad estatal de desacoplar los precios internos de los internacionales en materia de commodities agrarias e industriales, el disciplinamiento de los comportamientos mono u oligopólicos y el congelamiento de los precios clave a efectos de terminar con la inercia, retomar la posibilidad de redistribuir ingresos y expandir demanda con el objetivo de acelerar la reactivación vía el uso de la capacidad ociosa.

Esto exige trabajar con la matriz de insumo-producto de la economía argentina, identificar los bloques sectoriales que la componen, seleccionar las ramas principales que los integran e identificar los establecimientos estratégicos y su tipología (empresas locales independientes, grupos locales, empresas
trasnacionales).

En torno a dichas ramas y establecimientos hay que desarrollar una estrategia de "control social de la formación de los precios" integrando en cada rama o cadena a trabajadores, pymes y consumidores, con el objeto de regular evitando los abusos de posición dominante e interviniendo para alentar nuevos oferentes en cada mercado y habilitar canales alternativos de comercialización.

Respecto al segundo punto (el déficit en materia de política de ingresos), hay que impulsar un refuerzo salarial y de jubilaciones y entender que en un país con la mitad de la población en situación de informalidad y desempleo es imprescindible una política pública de transferencia de ingresos sobre ese sector de la población.

La propuesta de un ingreso universal para la población de entre 18 y 65 años equivalente a la línea de indigencia que mide el INDEC para los adultos permitiría que ningún hogar esté en esa situación, posibilitando construir un umbral de dignidad que haga posible una Argentina libre de hambre.

Mantener y ampliar el impuesto a las grandes fortunas, revisar los subsidios a las principales empresas vigentes en el presupuesto, revisar también la pérdida de recaudación que se expresa en un gasto tributario vía exenciones y promociones diversas equivalente al 2,6% del PBI y no sobreactuar el ajuste fiscal son posibilidades de financiamiento.

En este marco, la necesidad de recuperar la soberanía monetaria del Estado para poder emitir moneda en un contexto de recursos y capacidad ociosa es también una opción de financiamiento que debe ser estudiada.

Lo expuesto debería acompañarse con estrategias específicas que impulsen un tratamiento integral y preferencial de las pymes y la economía popular.
Es bueno dejar en claro que muchas de estas cosas, así como el señalamiento de la dura situación que vivían los sectores populares, fue planteada al interior del Frente de Todos por varias de las fuerzas políticas que lo componemos, así como también por muchas de las organizaciones sociales, de trabajadores y de la pequeña y mediana empresa que se referencian en la coalición electoral.

Sin embargo, no hubo permeabilidad por parte de la gestión a los planteos que se hacían. En realidad, el Frente de Todos fue una inmejorable creación electoral para desalojar al macrismo de la conducción del Estado, pero en ningún momento pudimos transformarnos en una fuerza política.

El Frente no se organizó en ningún lugar del país, no se crearon ámbitos para que la experiencia electoral amplia y diversa que habíamos conformado pudiera institucionalizarse, debatir, y posibilitar que los actores que lo integramos pudiéramos ir conformando, al amparo de la gestión, el bloque social que necesariamente debe constituirse para garantizar una acción gubernamental que pueda resolver a favor del pueblo los conflictos que sistemáticamente le plantea el bloque dominante a todo Gobierno popular.

Es más, esa falta de democratización del Frente de Todos también explica en parte la derrota electoral. No haber permitido las PASO al interior del Frente puso en desventaja al mismo ante las opciones opositoras.

Profundizando este punto, la falta de ámbitos orgánicos de discusión también explica lo ocurrido durante esta semana posterior a la derrota del domingo.

Al no ser una fuerza política constituida, el debate interno necesario para afrontar la derrota electoral se transformó públicamente en una suerte de crisis institucional que por cierto no era la mejor respuesta frente al mensaje de las urnas.

La respuesta tampoco parece estar en el Proyecto de Presupuesto para 2022 que mantiene trazos similares al de este año. El cambio de Gabinete que hasta aquí se ha planteado aún no ha emitido definiciones de medidas concretas.

En este punto habrá que seguir esperando. No obstante, sí podemos señalar que el pueblo argentino espera que su mensaje sea escuchado. Y la única manera es que se avance políticamente en la democratización e institucionalización del Frente abriéndolo y conteniendo su amplitud y diversidad.

Si en lugar de esto el Frente se achica y el PJ ocupa todo el espacio, probablemente no podamos estar a la altura de las circunstancias y de los planteos de la sociedad argentina.
(*) - Claudio Lozano es director del Banco Nación y dirigente nacional de Unidad Popular, partido que integra desde su fundación el Frente de Todos.