La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal tramita desde este lunes la continuidad judicial respecto de las clases, con la presentación de la Procuración del Tesoro que pide respaldar la interrupción de la presencialidad en las aulas y otros tres expedientes en los que se reclama la inconstitucionalidad del DNU del Gobierno nacional que dispuso la suspensión por dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Fue Carlos Zannini, como titular de la Procuración del Tesoro, quien radicó la presentación, mientras se mantiene la expectativa por lo que pueda determinar la Corte Suprema de Justicia donde hay un pedido del Gobierno de la Ciudad.

En este caso, el pedido es de inhibitoria para quitarle el caso a la Justicia de la Ciudad y que intervenga la Federal, pues algunos de los argumentos dados por el Gobierno Nacional es que es una decisión federal y no local, y que se trata de una política sanitaria que nada tiene que ver con medidas educativas.

Además, la Procuración del Tesoro reclamó la invalidez del fallo que el domingo dictó la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña habilitando la continuidad de las clases presenciales en línea con lo que había opinado la fiscal y tal cual lo habían reclamado dos asociaciones civiles.

En el mismo fuero, otro de los planteos fue presentado por la asesora tutelar porteña y ex ministra del gobierno de Cambiemos Carolina Stanley, quedó registrado con el número 5052/2021 y recayó en el juzgado número nueve, a cargo de Pablo Cayssials.

Los otros dos fueron iniciados por María Constanza Acevedo y Jorge Ocantos, quienes se presentaron como “padres de tres hijos menores en edad escolar” para pedir una “acción expedita y rápida de amparo solicitando que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto 241”.

Ese artículo es, justamente, el que suspendió la presencialidad en las clases.

Ese expediente, asentado con el número 5027/2021 y lo tiene asignado el juez Santiago Carrillo.

La tercera acción judicial fue presentada por el abogado Carlos Castrillo, quien advirtió sobre “una arbitrariedad que pretende dar preeminencia a un materialismo no espiritual”.

“No somos máquinas de trabajo sino seres libres que quieren moverse, reunirse, enseñar, aprender y eventualmente, ser religiosos. Y si finalmente no se lograra el objetivo, no quedará más alternativa que ejercer nuestro derecho a resistirnos pacíficamente contra leyes injustas”, puntualizó el abogado.

Ese expediente lleva el número 5023/2021 y fue asignado al juzgado número dos, cuyo titular es Esteban Furnari.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene para resolver el pedido justamente hecho por el Gobierno porteño para dejar sin efecto esa parte del DNU que suspendió las clases presenciales por 15 días.