En las últimas horas, la Justicia de Mendoza le concedió la libertad al titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) local, Roberto Macho, quien este martes había sido detenido, imputado y encarcelado por cortar las calles en medio de puntuales reclamos salariales hacia el Ejecutivo provincial.

Quien resolvió liberar al gremialista fue el magistrado Juan Manuel Pina González, aunque le impuso cinco condiciones: pagar una fianza de $ 50 mil, firmar “presencia” en la Fiscalía cada 15 días, no salir del país sin autorización judicial, no realizar actos que entorpezcan la investigación, y no volver a cometer delitos.

Como publicó NA, Macho había sido detenido por la policía de Mendoza junto a su pareja, Adriana Iranzo, luego de ser imputado por el fiscal Fernando Giunta por haber violado el artículo 194 del Código Penal, que reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

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La detención del sindicalista mendocino generó una ola de repudios por parte del peronismo mendocino y diversos gremios nacionales, entre los que se incluyó la Confederación General del Trabajo (CGT). 

“Es inaceptable que en el actual contexto de crisis económico-social, que impacta en el salario de los trabajadores, se impida el desarrollo de paritarias libres, se otorguen aumentos por decreto y se reprima la legítima y pacífica protesta gremial“, afirmó esa central obrera a través de un comunicado.

En tal contexto, el propio Macho grabó un video desde la celda donde se encontraba detenido en el cual acusó: "Esta es una cama política que lo que pretende es tribunalizar la protesta, pero hoy más que nunca, Adriana y yo junto a los otros dirigentes sindicales, estuvimos en la calle trabajando por ustedes, porque acá no vienen por los dirigentes sindicales, vienen por el Estado".

Desde el Ejecutivo provincial, el procurador de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, explicó a los medios locales que no existe tal persecución: “Macho fue detenido porque es reiterante en un número de 5 oportunidades, una conducta ilícita tipificada en el artículo 194 del Código Penal, amenaza que pena de 3 a meses a 2 años de prisión. Podría incluso estar preso desde el segundo hecho que cometió. De ninguna manera el Ministerio Público Fiscal está penando el reclamo o la protesta, eso no está sancionado“, puntualizó.