Con la presentación del proyecto que busca blindar al Poder Ejecutivo al la hora de adoptar medidas de restricción contra el Covid-19, el Gobierno se juega una carta fuerte para intentar salir del espiral de debilidad política en el que se encuentra sumergido.

El hartazgo social después de más de un año de restricciones, y un mal manejo de las expectativas creadas en torno a la velocidad de la vacunación esmeriló de manera notable la imagen de un Gobierno que además sufre el desgaste de sus peleas internas, como demostró el caricaturesco episodio con la fallida salida de Federico Basualdo.

La batalla judicial perdida a manos del Gobierno de la Ciudad respecto a la presencialidad de las clases, conflicto que escaló hasta la Corte Suprema con resultado adverso, fue otro golpe a la autoridad de Alberto Fernández, que ve recortada su esfera de influencia en las decisiones políticas.

Como un vago recuerdo quedaron los tiempos en que el presidente era reconocido por el jefe de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, como "comandante en jefe" para combatir la pandemia de coronavirus.

El 20 de marzo de 2020, cuando comenzó la primera cuarentena, el presidente se erguía sobre un pedestal de autoridad y lograba alinear a la oposición, con una sociedad que disciplinadamente aceptaba la necesidad de un sacrificio mayúsculo en un contexto de extrema alarma mundial.

La excepcionalidad de la emergencia llevó al Gobierno a tomar medidas por decreto, una y otra vez.

A medida que la cuarentena se fue extendiendo en el tiempo y se empezaron notar signos de cansancio en sectores de la sociedad, la oposición comenzó a cuestionar el método de gobernar con decretos de necesidad y urgencia, sin hacer participar de las decisiones al Poder Legislativo.

La sublevación del Gobierno de la Ciudad al decreto nacional que ordenaba la suspensión de las clases en el AMBA marcó un punto de inflexión porque el Gobierno entendió que se estaba poniendo un límite a su autoridad para tomar decisiones.

El envío de un proyecto al Senado que estandariza las restricciones que deben imponer los Estados nacional y provinciales (incluida la Ciudad) frente a cada uno de los escenarios epidemiológicos es una respuesta a esa situación de profunda debilidad política.

Paradójicamente, Juntos por el Cambio, que reclamaba la intervención del Congreso en las decisiones, resiste la aprobación de un proyecto de ley que regula el accionar de los gobiernos en relación a la pandemia de Covid-19.

La oposición argumenta que muchas de las disposiciones de la norma, en particular la de la suspensión de la presencialidad educativa, viola las autonomías provinciales y el federalismo.

Frente a este posicionamiento intransigente de Juntos por el Cambio, el oficialismo se ve obligado a tender canales de diálogo con las fuerzas minoritarias de la oposición en Diputados.

No tiene demasiado tiempo para dar la discusión: el texto de la norma enviada por el Poder Ejecutivo exige un plazo exiguo y por ende un tratamiento exprés, ya que allí se explicita que la ley entrará en vigencia en 22 de mayo.

En el Senado no habrá obstáculos porque allí el Frente de Todos goza de mayoría propia.

Según supo NA de fuentes parlamentarias, la iniciativa recibió giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud.

Si la Cámara alta no presenta un escenario de complejidades, en Diputados empezará un trabajo de orfebrería para reunir los consensos necesarios, ya que allí los números son muy finitos.

El oficialismo contará con la infaltable ayuda de los seis diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda el mendocino José Luis Ramón.

En el interbloque Federal, en cambio, las opiniones están divididas: mientras que los tres diputados de Consenso Federal estarían en contra, el representante del bloque Justicialista Eduardo "Bali" Bucca estaría a favor.

En tiempo de descuento, Alberto Fernández intentará anotarse -aunque sea- un triunfo en el Congreso, que le de un poco de oxígeno en medio de un escenario que ni en sus peores pesadillas imaginó al iniciar su gestión el 10 de diciembre del 2019.