El magnate británico Joseph Lewis, dueño del Lago Escondido en la Argentina, se declaró “culpable” ante un tribunal de Estados Unidos por haber utilizado información privilegiada sobre empresas para beneficiar a colaboradores, amigos y parejas.

Así lo confirmó la página oficial de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que precisó que el multimillonario empresario incluso podría ir a prisión.

El fiscal federal Damian Williams indicó, según el sitio web, que “Lewis abusó de la información privilegiada que obtuvo a través de su acceso a las salas de juntas corporativas para alertar a sus amigos, empleados e intereses románticos”.

“Ahora, pagará el precio con una condena federal, la perspectiva de pasar tiempo en prisión y la mayor sanción financiera por uso de información privilegiada en una década”, añadió.

Además, una de sus empresas, Broad Bay Ltd., “que no detectó ni informó esta mala conducta, también ha tenido que rendir cuentas y se declarará culpable y pagará más de 50 millones de dólares en sanciones financieras”, añadió el fiscal.

Ese monto, según precisó, se compone de “una multa de 15.586.021 dólares y 34.413.979 dólares en decomiso”.

Lewis “se declaró culpable ante la jueza de distrito estadounidense Jessica G.L. Clarke”, afirmó la oficina del fiscal.

Además, Lewis aceptó la responsabilidad de una de sus empresas en “un plan para ocultar la propiedad y el control de las acciones en una compañía farmacéutica a través de un patrón de presentaciones falsas y declaraciones engañosas”.

“Como parte de la declaración de culpabilidad de Broad Bay LTD., Lewis y esa empresa han acordado que renunciarán a su control sobre los puestos de la junta directiva y a la participación en las reuniones de cualquier corporación que cotice en bolsa en los Estados Unidos, dejarán de ser propietarios de ciertas inversiones durante un período de prueba de cinco años y cooperarán con la investigación”, añadió el texto.

Lewis fue detenido en julio del año pasado en Estados Unidos y permanece en libertad tras pagar una fianza de 300 millones de dólares, la más alta de la historia judicial de Nueva York.