Legisladores del Frente de Todos denunciaron penalmente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a otros de sus funcionarios, por el intento de venta de un predio fiscal en Villa Crespo que debía ser destinado a jardín de infantes, por un precio diez veces menor a su valor de mercado.

La diputada nacional Paula Penacca y la legisladora porteña Lorena Pokoik acusaron a los funcionarios por “malversación de caudales públicos y falsedad ideológica”.

La denuncia apunta a Rodríguez Larreta; al ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, y al titular del Banco de la Ciudad, Guillermo Laje.

Según la presentación, que ingresó hoy a la oficina de Sorteos de la Cámara del Crimen porteña, el predio está ubicado en la avenida Corrientes 5377/79 y es propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“A partir de reclamos vecinales plasmados en la recolección de cientos de firmas, en agosto de 2018 Camila Rodríguez (Miembro de la Junta Comunal 15) presentó un proyecto de Ley para que se transfiera a la esfera del Ministerio de Educación y se le dé destino de jardín de infantes”, explica el texto.

El proyecto no fue aprobado “por no haber sido acompañado por el bloque oficialista”.

“El inmueble que se proponía destinar para el funcionamiento de un jardín de infantes cuenta con una superficie de 612 metros cuadrados y su localización autoriza a un factor de ocupación total para subir en altura unos 38 metros, razón por lo que tiene una potencialidad constructiva para cubrir, al menos por ahora, unos 9.180 metros cuadrados”, describe la denuncia.

“Siendo que el valor de mercado en la zona del metro cuadrado a estrenar se encuentra alrededor de los 2.600 dólares, quien adquiera ese inmueble podría llevar a cabo un negocio por el que se podrían reembolsar unos 29 millones de dólares”, lo que convierte al solar en “un lote ideal para el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario en una zona de crecimiento comercial y demográfico”.

Las legisladoras del FdT denunciaron que el predio “comenzó su indefectible recorrido hacia la colocación de una bandera de remate, lo que fue llevado a cabo con un mecanismo tan simple como repetido: se identifica un edificio y/o lote estatal apto para un desarrollo inmobiliario, luego la gestión lo abandona o dispone su traslado”.

“Una vez vaciado –añade la descripción-se lo declara ocioso por Ley (con mayoría automática) y se habilita a su subasta para el despojo por un precio generalmente vil”.

El precio base de la subasta para ese lote trepa a 2,8 millones de dólares, “una oportunidad insuperablemente provechosa para un desarrollador que podría multiplicar geométricamente su inversión”.

El 21 de abril pasado, la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles dictó la Resolución 414/SSABI/21 “que llama a la subasta del inmueble en cuestión para el próximo 17 de mayo”, tras ser declarado “innecesario para la gestión”.

Sin embargo, sostiene la denuncia, ello no es exacto, pues allí “actualmente funciona como base operativa del Ministerio de Seguridad Porteño, y como se indica en la Resolución, aún después de su remate será necesario alquilárselo al adquirente en subasta por al menos un año más”.

“La declaración de ‘inmueble innecesario’ resulta mendaz, pues el edificio tiene una función y una utilidad específica y actual, y una posible o potencial utilidad para el funcionamiento de un jardín de infantes, ya que sería el único espacio que el Gobierno local dispondría en la comuna para remediar el déficit de vacantes para alumnos de primera infancia”, resume la presentación.