Las sanciones al ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur; al contraalmirante Luis López Mazzeo y la destitución del capitán de Navío Claudio Villamide por sus responsabilidades en el hundimiento del submarino ARA San Juan se insinúa como el puente de plata para desvincular de la investigación penal por el siniestro que causó la muerte de 44 marineros al ex presidente Mauricio Macri y a su ministro de Defensa Oscar Aguad.

Los castigos militares contra los tres apuntan a sus omisiones, esencialmente las de informar sobre la situación y los riesgos del submarino. La información debía fluir hacia la línea de mandos, a la estructura jerárquica de la defensa, cuyas máximas autoridades son el ministro del área y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir el presidente de la Nación.

Si ellos –Macri y Aguad- carecieron de la información suficiente y necesaria para tomar decisiones, ¿cuál sería la responsabilidad de ambos en el naufragio? La historia judicial reciente de la Argentina consagró reiteradamente la teoría “el que manda no sabía” y por eso quedó a salvo de una sanción penal.

Fernando De la Rúa no sabía que en la Plaza de Mayo estaban matando gente en la represión que precedió a la caída de su gobierno; Aníbal Ibarra no sabía que sus inspectores no controlaban adecuadamente las habilitaciones de los boliches cuando se incendió Cromañón; Mauricio Macri no sabía que en la Jefatura de Gobierno porteño, cuando él era el Jefe de Gobierno, estaba montada una estructura de escuchas ilegales que espiaba a sus familiares y adversarios políticos.

Sólo pagaron costos políticos. Y en el caso de Macri, ni siquiera eso: fue elegido presidente argentino y hoy su gobierno está bajo investigación por un espionaje calcado e igual de ilegal que aquel de cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Srur fue condenado militarmente por el Consejo de Guerra por “haber informado en forma incompleta al Ministerio de Defensa los sucesos iniciales acontecidos con el submarino ARA SAN JUAN, impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes”.

López Mazzeo, por “haber informado en forma tardía la novedad que le fuera transmitida respecto de la avería inicial sufrida por el submarino ARA SAN JUAN al Jefe de Estado Mayor General de la Armada”.

Villamide fue destituido porque fue “negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber ordenado ni recomendado expresamente al Comandante del ARA SAN JUAN la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto”.

Además, tampoco adoptó “medidas en el ámbito de su Comando para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas a efectos de analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución, a fin de brindar un apoyo eficaz a la Unidad”.

Así, los tres parecen delimitar y establecer una suerte de línea de corte hacia arriba en la cadena de responsabilidades. Les ocultaron información a Aguad y Macri y fueron cuanto menos negligentes en el manejo de la crisis.

Si bien la sanción militar no excluye ni cierra la causa penal, lo cierto es que sienta un criterio sobre qué fue lo que pasó. Y en el expediente que tramita ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ni Aguad, ni Macri, están complicados judicialmente pese a la insistencia de las querellas para que se avance sobre sus supuestas responsabilidades en el hundimiento del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes.