A sabiendas de que en la Cámara de Diputados el oficialismo perdió en las últimas elecciones la mayoría para poder aprobar leyes que son rechazadas por la oposición, el kirchnerismo desempolvó proyectos de consulta popular vinculante, con el objetivo de que sea la ciudadanía la que defina sobre temas trascendentales para la vida democrática.

Cada vez que el kirchnerismo logra aprobar una iniciativa en el Senado, luego choca de frente en Diputados, porque allí no le alcanzan los votos propios, y ni siquiera sumando a los pocos aliados que le quedan de bloques minoritarios.

Por ejemplo, el 28 de agosto del 2020, en plena pandemia de coronavirus, el oficialismo aprobó en el Senado un proyecto de reforma judicial que apuntaba a reordenar la justicia penal federal y a crear juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias. Nunca llegó a tratarse en Diputados, donde quedó sepultado en el desván de los recuerdos. 

El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, aprobado el 7 de abril pasado, no tuvo mejor suerte y también quedó cajoneado.

Lo mismo podría esperarse del proyecto de ley impulsado por Oscar Parrilli para que el Estado recupere una parte de los dólares por bienes no declarados en el exterior, y hacerse de esos recursos para destinar a la cancelación de la deuda con el FMI. 

El proyecto consiguió el jueves pasado 37 votos afirmativos contra 31 negativos en el Senado. El problema es que no hay tierra fértil en Diputados para que avance, a raíz del rechazo del interbloque Federal, un actor clave que en muchas ocasiones vota en línea con Juntos por el Cambio.

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La excepción fue a fines del año pasado con la ajustadísima aprobación de la reforma del impuesto a los Bienes Personales en Diputados, donde el Frente de Todos logró imponerse por un solo voto, aprovechando el faltazo de tres legisladores de Juntos por el Cambio.

En condiciones normales, eso no habría sucedido.

Por eso, Parrilli reflotó el proyecto que había presentado en noviembre pasado para flexibilizar los requisitos para habilitar las consultas populares vinculantes, y le pidió al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, que arbitre los medios para avanzar con la iniciativa.

Según el texto de la reforma planteada por el nequino, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Cámara de Diputados "podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales".

La propuesta de Parrilli incluye un cambio en la mayoría necesaria para convocar a consultas populares vinculantes: "Deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presente en cada una de las Cámaras", en lugar de la "mayoría absoluta" que prevé la legislación actual. 

En los fundamentos de su iniciativa, el senador kirchnerista de Unidad Ciudadana recuerda que "lamentablemente en los veinte años que lleva sancionada esta Ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra Patria ha sido sometida a la opinión popular".

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La jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, también presentó un proyecto similar, con la particularidad que establece que la fecha de la consulta popular, cuya participación es optativa- coincida con la de las elecciones nacionales, que son obligatorias.

Según sostiene la senadora kirchnerista, esta modalidad permitirá transparentar el pensamiento de los candidatos sobre los temas de trascendental importancia que se pongan en consideración en la consulta popular, de manera tal que la ciudadanía pueda tener esa información a la hora de votar.