La Cámara Federal de Casación confirmó el rechazo a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa en la que es investigado el ex secretario de Finanzas de Cambiemos Santiago Bausili por la contratación como gestor de la colocación de bonos de la deuda para salir del default al Deutsche Bank, el banco para el que trabajó hasta antes de asumir en la función pública.

Bausili había sido procesado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello por el presunto delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Según el juez,  la intervención del Deutsche Bank en destrabar la situación del default con una porción de acreedores identificados como “holdouts o fondos buitres” le significó a Bausili una comisión superior a los ocho millones de dólares. Pero la Cámara Federal revocó el procesamiento y, con las firmas de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, dispuso su falta de mérito y excluyó a la UIF como querellante.

El organismo antilavado apeló ante la Cámara de Casación y en esa instancia el fiscal Raúl Plée se manifestó de acuerdo con que la UIF fuera querellante en el caso.

“En la causa se investiga, grosso modo, si existieron irregularidades susceptibles de ser consideradas delitos penales, en el proceso de negociaciones y pagos, que llevaron adelante los funcionarios públicos que representaron los intereses del Estado Nacional, con los denominados ´holdsouts´ tras la sanción de la ley 27.249 el 31 de marzo de 2016”, subrayó el fiscal.

“El hecho de que se les reproche a los ex funcionarios el haber obrado teniendo en miras un interés privado –propio o de terceros- convierte a la UIF en legítima interesada para peticionar ser tenida por querellante”, sostuvo Plée.

Además de Bausili, en el expediente aparecen mencionados los ex funcionarios Mario Quintana y Luis Caputo. Pese al dictamen del fiscal, la Casación –con los votos de los camaristas Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma- ratificó el rechazo en el rol de querellante.

Mahiques y Yacobucci sostuvieron que la UIF “se limitó a expresar su discrepancia con la decisión adoptada por este tribunal, sin lograr desarrollar una adecuada demostración de la arbitrariedad y gravedad institucional que alega”. Ledesma, por su parte, entendió que la UIF “no ha demostrado la alegada vulneración a la garantía constitucional del debido proceso”.