El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió presentarse como querellante en la causa por espionaje durante el gobierno de Cambiemos, a raíz de la información que indica que docentes y directivos de esa casa de estudios fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal.

El Consejo resolvió, además, “repudiar, en caso de constatación judicial, los hechos de espionaje ilegal presuntamente desplegados en perjuicio de docentes de Centro Universitario Devoto (CUD) y del Director del Programa de Estudios de la UBA en el Servicio Penitenciario Federal”. Entre los docentes supuestamente espiados por sus actividades académicas en las cárceles figura la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

La resolución, a la que tuvo acceso NA, dio mandato a la Directora General de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Valeria Thus, y al Jefe del Departamento de Derechos Humanos,  Pablo Lafuente, para constituirse “como querellante por los hechos reseñados en los considerandos que damnifican a la Universidad de Buenos Aires”.

La decisión fue adoptada en virtud de “la información periodística de público y notorio que dan cuenta de hechos delictivos de espionaje ilegal que se habrían perpetrado en charlas organizadas por la Facultad de Derecho de esta Universidad y a docentes de Centro Universitario Devoto (CUD) del Programa de Estudios de la UBA en el Servicio Penitenciario Federal- UBA XXII”.

El Consejo basó su decisión en información periodística que indica que en un allanamiento en una sede de inteligencia del Servicio Penitenciario fue hallado un documento titulado “Reportes económicos, documentos e imágenes”, que contiene información de inteligencia “con fotos de docentes que dan clases en las cárceles federales, entre otros: Cristina Caamaño, Diana Cañal, Claudia Neira, David Cohen, así como información del ex director del Programa UBA XXII, Leandro Halperín”.

“La Educación Universitaria nunca puede considerarse un riesgo para la Nación sino todo lo contrario: tiene la finalidad de generar y comunicar conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, justicia y solidaridad”, reivindicó el Consejo.

“Este perturbador episodio donde se observaría la recolección de información mediante base de datos sobre actividades y personas relacionadas con esta Universidad, sin el debido respaldo legal, deja en evidencia un accionar abiertamente contrario a los principios básicos de nuestra Constitución y nuestro sistema democrático”, subrayó el documento.