El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, consideró “inviable” la iniciativa del gobierno sobre la creación de una fiscalía especializada en casos de corrupción de funcionarios públicos a nivel nacional y de las provincias.

Así lo consignó la página oficial del Ministerio Público Fiscal en internet, fiscales.gob.ar, que precisó que el procurador “expresó los fundamentos que tornan inviable en la actual coyuntura normativa la incorporación de esa estructura sin una modificación legal”.

Casal remitió una nota al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, indicando que “la función primordial de la procuraduría propuesta, en cuanto a que actúe en forma paralela y conjunta con el fiscal competente en todos los casos en los que se investiguen hechos de corrupción, importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público”.

Para crear esa súper fiscalía anticorrupción, agregó la misiva, sería necesario “modificar la legislación vigente”, pero además “las demás facultades de la procuraduría propuesta son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)”.

“Las procuradurías, unidades fiscales y direcciones de esta Procuración, como colaboradoras o coadyuvantes de los fiscales competentes, vienen cumpliendo, a su vez, las funciones y objetivos allí propuestos”, insistió Casal.

A fines de enero, el Gobierno Nacional anunció su intención de crear una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos. 

El anuncio fue formulado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

El funcionario reveló que el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, le trasladaría la propuesta al procurador  Casal y especificó además que la fiscalía investigará, en las situaciones en los que se requiera, "en casos de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados.