La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) le pidió hoy a la Justicia que la Universidad de Buenos Aires (UBA) presente "documentación referida a la utilización de los fondos públicos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional″.

Según informó el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado, la presentación en la justicia fue realizada por el síndico general, Miguel Blanco, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.

La solicitud fue hecha "en el marco del artículo 59 de la Ley 24.521 de Educación Superior y de lo establecido en la Ley 24.156", según precisó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

En el documento que los funcionarios entregaron a la Justicia, "se especifica que el organismo rector del sistema de control interno no pretende auditar planes de estudio, contenido, designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la SIGEN".

Por el contrario, la SIGEN indicó en el escrito que el contenido de la demanda "apunta a que la Justicia instruya a la UBA a brindar información sobre el destino de los fondos públicos y cómo fueron ejecutados".

En este sentido, la SIGEN espera que la casa de estudios "informe en qué se utiliza el dinero girado por el Poder Ejecutivo en lo relativo a licitaciones, contrataciones directas, convenios, etc".

Al tiempo que destacó que "se procura verificar las cuentas y procesos y controles internos de la universidad, a fin de evaluar la eficacia operativa y coadyuvar a proporcionar información para la mejora en la ejecución de esas operaciones".

Asimismo, la SIGEN solicitó que se inste a la UBA "a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional" para que la el organismo pueda "cumplir con sus funciones en el marco del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN)".

Dentro del marco de la presentación judicial, la entidad incluyó pedidos de información "acerca de la normativa interna de la universidad para la aprobación y autorización de gastos por parte de cada funcionario".

Según precisó Capital Humano, también se solicitó el detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación" y el "acceso a los Sistemas SIU PILAGÁ Y SIU DIAGUITA (módulo de compras, módulo de patrimonio), a modo de consulta para comprobar las registraciones de los gastos y sus rendiciones de cuenta".