La Procuración sigue en su laberinto: la falta de consensos complica la designación de un titular
A seis años de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández pudieron conseguir el aval parlamentario necesario para normalizar la situación.
A seis años de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, la Procuración General sigue en su laberinto con el interinato de Eduardo Casal, ya que la falta de consensos en el Congreso impidió que Mauricio Macri y Alberto Fernández pudieran impulsar a sus candidatos para regularizar la situación institucional y con el presidente Javier Milei podría mantenerse igual.
Este domingo se cumple un nuevo aniversario de la dimisión de la abogada al frente del Ministerio Público, aunque se había tomado licencia a partir de noviembre de 2017 y en su lugar había quedado Casal.
Lo llamativo de esta situación es que el interinato de Casal duró más que el período en que Gils Carbó fue procuradora general, luego de llegar al cargo en agosto de 2012.
Tras la salida de Gils Carbó, el entonces presidente, Mauricio Macri, envió al Senado el pliego de Inés Weinberg de Roca, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Sin embargo, su postulación nunca fue aceptada por el bloque peronista en la Cámara alta y así naufragó la iniciativa oficial.
Con el cambio de Gobierno y la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo propuso al juez Daniel Rafecas para hacerse cargo del Ministerio Público Fiscal.
Pero nuevamente la iniciativa oficial encontró escollos en el Congreso: la intención del kirchnerismo duro de modificar la forma en que se elige al procurador hizo que el propio magistrado avisara que no estaba de acuerdo y que en caso de que avanzara esa iniciativa, iba a declinar el ofrecimiento hecho por el entonces jefe de Estado.
Con el recambio legislativo de diciembre de 2021 el proyecto impulsado por diputados cercanos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, dio un paso atrás.
Luego de que el peronismo perdiera la mayoría en el Senado, la misión de designar al nuevo procurador general hizo que se necesitara más que nunca el consenso de Juntos por el Cambio: por el procedimiento legal establecido, el candidato del Poder Ejecutivo debe obtener el respaldo de los dos tercios de la Cámara alta para poder avanzar con su designación.
"El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República", establece el artículo 120 de la Constitución Nacional.
La gestión del Frente de Todos llegó a su fin el pasado 10 de diciembre y nunca pudo lograr los acuerdos necesarios (puertas adentro y con la oposición) para designar a Rafecas al frente de la Procuración General, estirando así el interinato de Casal en un área clave en términos institucionales.
Con la asunción de Javier Milei en la Casa Rosada, el panorama podría mantenerse intacto, ya que el Congreso está fragmentado, así como los principales esfuerzos del Gobierno de La Libertad Avanza estarán puestos en la economía.