La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente al gobierno de la Ciudad por la utilización del sistema de reconocimiento facial (datos biométricos) en presunta violación a la ley de protección de datos personales.

El organismo encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez consideró también que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pudo haber tenido responsabilidades administrativas al haber cedido sus bases de datos para un programa de colaboración con el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, cuando estaba a cargo de Marcelo D’Alessandro.

El artículo 157 del Código Penal estipula penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.

“El acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados. Esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales”, sostiene un dictamen de la PIA.

Para el organismo, que depende de la Procuración General de la Nación, “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el RENAPER al Ministerio y/o la Policía de la Ciudad con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP)”.

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En ese marco, se produjeron “más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”, una cifra que excede largamente la cantidad de personas buscadas por estar evadidas de la Justicia.

“No encuentra relación lógica el número de consultas realizadas por el GCBA. Y esto no era un dato que le era ajeno al RENAPER, en cuanto conocían la cantidad de prófugos (no superior a 40.000 registros)”, sostiene el documento.

El sistema de reconocimiento facial ya había generado una causa judicial, en la que el año pasado la jueza Elena Liberatori decretó su inconstitucionalidad por la forma en que había sido utilizado.

Esto que cristalizó ahora la PIA es una denuncia penal, por la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal.