Referentes de Juntos por el Cambio rechazaron los anuncios del presidente Alberto Fernández y anticiparon que no acompañarán el proyecto que enviará al Congreso para establecer "criterios científicos" para disponer restricciones, algo que consideraron un "cheque en blanco".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en salir al cruce de las medidas anunciadas por el Presiente y recordó que "el 15 de abril cerró las escuelas por 15 días".

"Todos sabíamos que no iba a cumplir y no cumplió", subrayó la ex ministra de Seguridad, al referirse a que Fernández extendió las fechas de las medidas que en un principio iban a ser por dos semanas.

"Ahora pide 21 días más. ¿Empieza el show de 21 en 21?", planteó Bullrich, tras señalar: "Ya se lo dijimos".

En su cuenta de Twitter, explicó que "hacer lo mismo dará los mismos resultados: pérdida de empleo, pobreza, tragedia educativa".

Además, Bullrich sostuvo que "todo esto" presagia que "sin horizonte de vacunación, será otro año a la deriva".

Pidió dar "claridad entre tanta oscuridad", tras enfatizar que Juntos por el Cambio "estará al lado de cada argentino que se siente abandonado".

Por su parte, el diputado José Cano por la Unión Cívica Radical se sumó a los cuestionamientos contra el gobierno y señaló que "mientras siguen con la épica", la campaña de vacunación permitió que "solo el 2% de la población tiene las dos dosis".

Con ironía, el legislador precisó que el país tiene "la campaña de vacunación más importante de la historia", y lamentó el "rechazo de vacunas después que se pagaron por vacunas que nunca llegaron".

A la vez, sostuvo que "muchas de las que llegaron se las robaron y hasta ahora solo el 2% de la población tiene las dos dosis, mientras, siguen con la épica".

Por su parte, la diputada y vicepresidenta del PRO en la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, cuestionó a Fernández por haber anunciado "más medidas restrictivas y de paso avisa que va a mandar al Congreso un proyecto para adjudicarse superponerse".

Consideró que el Presidente no dijo "ni una palabra sobre el fracaso del plan de vacunación, ni una certeza sobre cómo se va a contener a los q quedan fuera de la escuela".

En tanto, el diputado mendocino Luis Petri de Juntos por el Cambio consideró que "si la ley que manda el Presidente al Congreso es para zanjar su disputa con la Ciudad, desde ya le digo que se busque otro abogado".

Además, aseguró que "nadie puede otorgar una facultad que no posee y si la facultad no ha sido delegada por las provincias no hay ley del Congreso que lo salve".

Para la UCR, el Presidente pretende "que le sean delegadas facultades extraordinarias en el marco de la pandemia".

En un comunicado, legisladores radicales aseguraron que no avalarán un intento de dar "un cheque en blanco" al Ejecutivo.

"Todas las medidas deben tomarse en el marco de la Constitución y la división de poderes", aseguraron.

"Tras más de un año de declarada la pandemia, y de haber dispuesto cuantas restricciones a los derechos de los ciudadanos quiso por DNU, el Presidente manda proyecto de ley al Congreso. Es obvio que lo hace para buscar blindarse en su disputa judicial con CABA por sus facultades", afirmó el diputado nacional Alejandro Cacace.

Por su parte, la legisladora Brenda Austin subrayó: "Reconocer que la limitación a los derechos sólo puede ser por ley del Congreso es lo único bueno de su discurso. Pero ojo con creer que el Poder Legislativo puede delegar su rol en manos de un presidente. De nadie. Defender la división de poderes en contextos de emergencia es más importante que nunca".

"El Gobierno acelera con el proyecto enviado al Congreso su hoja de ruta de venganza a CABA disfrazada con medidas sanitarias que esconden castigar a quiénes no los votaron. Quieren concretar la hegemonía totalizadora del pensamiento único. En las elecciones de 2021 se juega el país", agregó Álvaro de Lamadrid.