El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pisó la convocatoria a sesión especial pedida por Hacemos Coalición Federal (HCF) hasta donde pudo. Intentó desactivarla a través de una táctica de disuasión que aplicó sobre los principales referentes de este bloque. Pero pronto comprendió que la decisión era irreversible y no había nada más que hacer.

Con el agua al cuello y obligado por las circunstancias, el riojano instruyó a su secretario parlamentario, Tomás de Figueroa, para que hiciera lugar a la convocatoria y oficializara con su firma el llamado a sesión para el miércoles al mediodía, con la finalidad de tratar los proyectos para reemplazar la fórmula de movilidad jubilatoria.

Se trata de una convocatoria que molesta al Gobierno, dado que no quiere bajo ningún punto de vista ceder el manejo de los tiempos del debate a la oposición. También incomoda al PRO y la UCR, demasiado pendientes de no quedar pegados a una iniciativa que será leída como una “marcada de cancha” al oficialismo y que para colmo tendrá la complicidad del kirchnerismo.

En estos dos bloques no cayeron bien los visos de autonomía que en las últimas semanas ensayó la bancada que coordina (pero no conduce) Miguel Pichetto, en un giro respecto de cómo venía funcionando anteriormente. 

Hasta la implosión de la primera ley ómnibus, HCF funcionaba en una suerte de triunvirato junto al PRO y la UCR, pero tras el retiro del proyecto en plena sesión por orden del Gobierno, que así desconoció todos los acuerdos que se habían alcanzado, este bloque empezó a marcar distancia de sus socios y a acentuar su perfil opositor.

La bancada que reúne en su seno a fuerzas tan disímiles como la Coalición Cívica, el cordobesismo, el socialismo santafesino y ex PRO federales no solamente presentó dos pedidos de sesión especial (por jubilaciones y la reposición del FONID) sino que empezó a anunciar proyectos de todo tipo, sin coordinar con las fuerzas “amigas”. En otras palabras, “se cortó solo” y empezó a marcar agenda sin esperar al oficialismo.

También generó puentes con el bloque de Unión por la Patria, en una sintonía impensada hasta un mes atrás. El acompañamiento del principal bloque opositor (de 99 representantes) es fundamental para darle carnadura real a la sesión y hacerla factible. 

Germán Martínez, por su parte, aceptó con gusto el convite y se convenció de no motorizar su propia convocatoria al recinto para no entrar en una “guerra de sesiones” inconducente.

Sumar fuerzas para amargar al oficialismo era una oferta lo suficientemente tentadora como para hacer a un lado las apetencias de protagonismo. 

La jugada también genera un precedente interesante que le permitirá a Unión por la Patria empezar a romper con el juego de aislamiento al que lo viene sometiendo el resto de las fuerzas políticas. Hasta ahora, “quedar pegado al kirchnerismo” era el factor paralizante que más pesaba en la oposición dialoguista a la hora de decidir cómo jugar en el Congreso y cómo vincularse con las demás fuerzas políticas. 

Más allá de esta atípica combinación de voluntades que desde el kirchnerismo celebran, no alcanzará para lograr una media sanción a ningún proyecto de modificación de la fórmula jubilatoria. 

Ninguno de los expedientes que serán considerados en la sesión tienen dictamen de comisión. Esto implica que para ser aprobados se requeriría una mayoría agravada de dos tercios de los votos.

Ni siquiera sumando los votos del radicalismo sería suficiente para alcanzar esa mayoría, por lo que el objetivo será votar una moción para emplazar a las comisiones para que sean convocadas a la brevedad y que pongan en agenda el tema. La comisión de Previsión y Seguridad Social ni siquiera está constituida. La oposición está decidida a tomar el toro por las astas.

El apresuramiento del debate en comisiones es un escenario que La Libertad Avanza intentará evitar. Primero porque no quiere que se lea como un golpe a la autoridad del Gobierno. Segundo porque no quiere que la oposición imponga los tiempos y las reglas del debate.

Y tercero porque en ese marco podría imponerse una fórmula de movilidad jubilatoria que el Estado nacional no esté en condiciones económicas de afrontar. Por eso es imprescindible para el Gobierno manejar los tiempos e ir con una propuesta cuyo cumplimiento pueda garantizar en base a cálculos propios.

La idea del Poder Ejecutivo -adelantada por el ministro de Interior, Guillermo Francos, a gobernadores y principales espadas parlamentarias de los bloques dialoguistas- es incorporar la propuesta de movilidad jubilatoria en la reversionada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. 

La iniciativa que está en el borrador de la ley ómnibus “bis” es similar a la que propone, por ejemplo, la Coalición Cívica, basada en el ajuste mensual por inflación. La diferencia es que el proyecto opositor incluye un 20,6% de recomposición de los haberes, mientras que la propuesta del Poder Ejecutivo ofrece un 10% de compensación por las pérdidas reales de los primeros meses del año. 

Las diferencias entre uno y otro proyecto no parecen ser demasiado importantes como para que no puedan saldarse. La discusión que hoy está separando a oficialismo y oposición parecen centrarse más en cuestiones de cartel: quién tracciona la iniciativa política y cómo esta puja es leída en la opinión pública.