Sin aval oficialista, la oposición buscará avanzar con su postura para aprobar la Boleta Única
En la última sesión, JxC logró emplazar a tres comisiones y la reforma electoral se debatirá durante todo el mes. El FdT defiende el actual sistema de boletas sábana de papel.
La Cámara de Diputados debatirá a partir de mañana en un plenario de comisiones el proyecto de Juntos por el Cambio para implementar la Boleta Única, pero lo hará sin el aval del Frente de Todos, que intentará obstaculizar la aprobación con la confianza de que aún en el peor de los escenarios el Senado rechazará la iniciativa.
En la última sesión de la Cámara baja, la diputada del PRO Silvia Lospennato tomó la palabra para requerir el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, y logró su cometido con 132 votos opositores.
Además de los votos de la principal coalición opositora, se sumaron los apoyos de los diputados ultra liberales, del interbloque Federal, de un sector del interbloque Provincias Unidas e incluso de la diputada del Partido Obrero Romina del Plá, quien sorpresivamente se diferenció de sus tres compañeros del Frente de Izquierda, pertenecientes al PTS, que se abstuvieron.
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El planteo incorporó además un cronograma de plenarios de comisiones que se desarrollarán los martes 17 y 24 de mayo, para concluir en la firma de los dictámenes el 31 de mayo.
Si bien el Senado representaría un muro infranqueable para las aspiraciones de Juntos por el Cambio y sus aliados circunstanciales respecto de la Boleta Única, porque allí el oficialismo haría valer su ajustada mayoría, en Diputados el panorama es de extrema paridad e inclusive la oposición podría sacar una luz de ventaja que le permita llevar el tema al recinto con un dictamen de mayoría firmado.
En la comisión de Asuntos Constitucionales el Frente de Todos tiene 17 integrantes (de acuerdo a los compromisos previos entre las fuerzas políticas), al igual que Juntos por el Cambio, en tanto que el restante lugar pertenece al interbloque Federal, que respalda la implementación de la Boleta Única.
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Una distribución casi idéntica sucede en la comisión de Justicia, con 15 lugares para cada una de las fuerzas mayoritarias y el restante para el interbloque Federal. En Presupuesto, el Frente de Todos tiene 24 miembros, uno más que Juntos por el Cambio, y los dos restantes se reparten entre los interbloques Federal y Provincias Unidas.
El representante de este último interbloque en la comisión de Presupuesto es el misionero Diego Sartori del Frente de la Concordia, quien no considera relevante poner en agenda el tema de la Boleta Única y de ese modo se alinearía con el oficialismo.
En Juntos por el Cambio recuerdan que el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, cuando el año pasado asistió al Congreso para pedir la autorización del adelantamiento de las elecciones por la pandemia, se había comprometido a correr la discusión del tema de la Boleta Única para este año.
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Sin jugársela del todo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se limitó a decir que para el Gobierno "es muy auspicioso que se comience a debatir" la Boleta Única en el Congreso de la Nación.
En cambio, Cristina Kirchner despotricó contra la propuesta con una serie de argumentos razonables, alegando que el sistema de Boleta Única solamente presenta en la papeleta al primer candidato de la alianza electoral por cada una de las categorías y esconde a todos los candidatos que se sitúan por debajo en las listas.
Buena parte del peronismo (durante el Gobierno de Mauricio Macri los gobernadores del PJ voltearon la reforma de la Boleta Única Electrónica que impulsaba Cambiemos), y los diputados del PTS también rechazan el sistema propuesto para las elecciones.
En la oposición argumentan que el sistema otorga mayor transparencia, simplicidad a la hora de elegir, democratiza el sufragio por las mayores posibilidades de realizar combinaciones con votos cruzados (dado que el sistema de las listas sábana desalienta el famoso "corte de boleta") y por último, pero no menos importa, termina con las suspicacias sobre presuntos "negocios" con la distribución y comercialización de las papeletas, además de minimizar las chances de fraude electoral.