La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Liliana Catucci cumplió hoy su último día en funciones puesto que mañana cumplirá 75 años de edad y, tal como lo establece un fallo de la Corte Suprema, cesará en el cargo por haber alcanzado el tope etario para desempeñar el cargo.

Catucci, integrante hasta hoy de la Sala Cuarta del máximo tribunal penal, había intentado permanecer en el cargo, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido de medida cautelar que se lo permitiera.

En efecto, ese tribunal resolvió el 1º de setiembre pasado, con las firmas de los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco, que “la medida cautelar requerida no puede ser admitida”.

Catucci podía recurrir el fallo ante la Corte Suprema, pero la aritmética cronológica no le habría permitido obtener un fallo favorable antes de cumplir los 75 años.

Hoy, la jueza fue despedida por sus colegas del tribunal y en las próximas horas completará el retiro de sus pertenencias, dejando una nueva vacante en la máxima instancia de la justicia penal argentina.

Catucci había intentado su permanencia basándose en la situación de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, quien un año antes de cumplir los 75 años obtuvo un fallo favorable a su continuidad que no fue apelado por el gobierno de Cambiemos.

Supuesto contubernio

Esa secuencia mereció una denuncia judicial sobre un supuesto contubernio entre la propia jueza; el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y el ministro de Justicia de entonces, Germán Garavano.

Después de aquella situación que favoreció a Highton de Nolasco, la Corte sancionó el “Fallo Schiffrin”, que determinó que una vez alcanzado el límite etario de los 75 años, los jueces cesan en el cargo a menos que obtengan una suerte de reválida, con un nuevo acuerdo del Senado.

Catucci había argumentado que juró como jueza antes de la reforma constitucional de 1994, que estableció ese límite etario, por lo que consideraba que no estaba alcanzada por la disposición.

Pero la Cámara le recordó que la Corte ratificó el límite “sin efectuar una discriminación entre aquellos magistrados designados con anterioridad o posterioridad a la reforma de 1994”.