La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó intervenir en la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos porque ella misma, según se desprende de la causa, pudo haber sido una de las víctimas de esas prácticas.

“Se impone la necesidad de excusarme, toda vez que pudiendo resultar damnificada por hechos similares a la de pesquisa, se vislumbra la posibilidad de que mi imparcialidad y por lo tanto el ejercicio normal de la justicia se vean afectadas”, explicó la jueza.

Además, advirtió que los supuestamente espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos podrían tener que declarar como testigos en la causa, lo que amenaza con derivar en la paradoja de que deba tomarse declaración a sí misma.

“Lamentablemente me encuentro dentro de las personas que sin motivo aparente habrían sido espiadas y, entonces, sería necesaria mi comparecencia en dicha calidad, lo que excluye mi intervención a cargo de la investigación”, sintetizó.

Capuchetti recibió el expediente que tramitaba ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora el jueves por la tarde y su primer acto procesal fue determinar si podía hacerse cargo de la causa.

Hoy resolvió que no: “se llevaron a cabo una gran cantidad de medidas de prueba, entre las cuales se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe sobre las consultas de movimientos migratorios que se habían hecho respecto de jueces, fiscales, legisladores”.

“Las consultas efectuadas en el Sistema General de Migraciones sobre los movimientos migratorios registrados respecto de mí. Dichas consultas habrían sido realizadas por la AFI, en el período de tiempo en el cual se circunscriben los hechos aquí investigados”, justificó la decisión.

En ese sentido, especificó que “se pudo probar el ingreso por parte del personal de la AFI (Sede Central) al Sistema de la Dirección Nacional de Migraciones el día 20 de marzo de 2.018, ocasión en la que se consultó en tres oportunidades los movimientos migratorios correspondientes a mi persona (una vez a tránsito de pasajeros coincidentes y dos veces a tránsito de sistemas de búsqueda)”.

La jueza envió el expediente a la Cámara Federal para su sorteo, pero en los tribunales de Comodoro Py ya tramita una causa por presunto espionaje ilegal, motivada en un artículo periodístico publicado por Carlos Pagni.

Ese expediente tramita ante el juzgado federal número dos, a cargo de Sebastián Ramos, quien podría –por vía de hipótesis- hacerse cargo de la investigación por “conexidad”.