La Inspección General de Justicia (IGJ) le respondió a Patricia Bullrich que la intervención al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) surgió del Poder Judicial y que la propia precandidata presidencial de Juntos por el Cambio reconoció las irregularidades económicas.

Mediante un comunicado firmado por su titular, Ricardo Nissen, la IGJ subrayó que “las recientes declaraciones de la Dra. Bullrich no hacen más que confirmar la veracidad de las conclusiones” a que arribó ese organismo al proponer la intervención del IEES.

Según el documento, Bullrich reconoció “que utiliza a la asociación como una forma de obtener ingresos propios, circunstancia absolutamente prohibida por la naturaleza de la persona jurídica involucrada”.

Nissen desmintió la acusación de “persecución política” que profirió Bullrich y explicó que “el Juzgado Nacional Civil N° 28 reconoció la facultad de la IGJ para solicitar la intervención de las entidades en resguardo del interés público”.

Sin embargo, ese juzgado “resolvió que la competencia para el dictado de tal medida no es la justicia ordinaria sino que recae en el Ministro de Justicia. (…)  Dicha resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, Sala M”.

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“En dicho marco de competencia –agrega la respuesta-, y ante la solicitud de esta Inspección General de Justicia, el ministro Martín Soria dispuso la intervención del instituto”.

Nissen afirmó que “la información y documentación” sobre la que se basó el dictamen sobre irregularidades económicas en el IEES “fue aportada por la propia institución, acompañando copias de libros sociales y documentación contable, con la cual se formaron 19 cuerpos”.

Con esa documentación, la IGJ concluyó que el Instituto que preside Bullrich “tuvo un exponencial crecimiento en sus ingresos durante el año 2022, en comparación con ejercicios anteriores”.

“Los ingresos de la institución fueron de $741,93 en el año 2019; $488.989,70 en el año 2020; $7.942.106,69 en el 2021 e ingresos cercanos a los $90.000.000 en  2022. Algunos de estos ingresos estaban referidos a almuerzos y cenas y la gran mayoría referían al dictado de seminarios pero sin ninguna especificación de la temática, lugar ni fecha de realización de la supuesta actividad educativa”, añade el comunicado, publicado en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/noticias/comunicado-4.

“En cuanto a los egresos –agregó-, pudo constatarse que hubo millonarios gastos destinados a financiar traslados, alojamientos y logística de la campaña política tanto en el país como en el exterior. Asimismo, se abonaron servicios de consultoras (encuestadoras) y honorarios de profesionales y colaboradores de la precandidata”.

La respuesta asegura que “las actuaciones estuvieron en todo momento a disposición de los interesados, garantizando el debido procedimiento administrativo”.