La empresa pública que creó el macrismo manejará $ 5.000 millones, tiene más de 3.000 empleados y duplica funciones con Vialidad Nacional
Está en el Ministerio de Obras Públicas, cobra peajes y mantiene rutas por 9.000 kilómetros, paga el sueldo de 3.100 empleados y duplica funciones con Vialidad Nacional. Corredores Viales S.A., la “caja” que está a cargo de Gonzalo Atanasof, hijo de un histórico dirigente duhaldista y ex compañero de lista del intendente de La Plata, el macrista Julio Garro.
Por Lucio Di Matteo
Fue una creación de pura cepa macrista, en octubre del 2017, a partir del decreto 794. A instancias del entonces todopoderoso ministro de Transporte, Guillermo “Guillo” Dietrich, Corredores Viales S.A. se creó para “la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional”, de acuerdo al propio decreto de su creación.
En la política, tanta enumeración de objetivos es sinónimo de caja gigantesca. Así la pensó Dietrich, a quien apodaban “El Faraón” y que todavía sueña con ser jefe de Gobierno porteño desde sus vacaciones en Punta del Este. “Creamos la empresa, que era 49% de Vialidad Nacional y 51% del Ministerio de Transporte (ahora de Obras Públicas), porque el kirchnerismo nos acusaba de querer privatizar Vialidad Nacional, y necesitábamos un instrumento para administrar transitoriamente concesiones viales cuyo operador se caía”, le contó a NA una ex colaboradora de Dietrich. “Hoy funciona como una Vialidad paralela, no tienen intención de volver a licitar los corredores viales que operan”, agregó la misma fuente.
En los hechos, además de ser una creación de Dietrich, en el gobierno de Alberto Fernández la empresa estatal sumó kilómetros de ruta (ya tiene cerca de 9.000, casi un cuarto de los 40.000 existentes en todo el país), empleados (pasó de 1.700 a 3.100) y presupuesto. En 2020, hasta el tercer trimestre incluido había ejecutado $1.037,4 millones. Mientras que, a fines del año pasado, en el Presupuesto del 2021 le asignaron una ambiciosa ampliación de $3.287 millones. Ello, sumado a lo que se votó en la Ley de Leyes, y posibles actualizaciones, arroja un presupuesto estimado de $5.000 millones para este año.
Duplicación con Vialidad
Cerca de Dietrich, padre de la criatura, apuntan que Corredores Viales S.A. fue pensado como una herramienta transitoria y hoy duplica funciones con Vialidad Nacional, que en esencia hace lo mismo que esta empresa (mantener rutas y hacer obras para mejorarlas), y que también podría cobrar peajes. Desde Corredores Viales desestiman esto, bajo el argumento que no es el objetivo de la histórica Vialidad Nacional tener la concesión de caminos federales.
Sin embargo, el propio decreto 1036/2020, del 22 de diciembre último, reparte rutas y autopistas tanto a Vialidad como a Corredores Viales, como se detalla en los anexos del propio decreto. Por ejemplo, a la primera le tocan casi 56 kilómetros dela Ruta 7 (entre San Martín y Palmira, entre Luján de Cuyo y Potrerillos), y más de 337 kilómetros de la Ruta 226, entre Azul y Coronel Dorrego. Como también tramos de las rutas nacionales 11, 33 y 9.
Mientras que a Corredores Viales S.A. se le asignan 721 kilómetros de la Ruta 7 (entre el empalme con el Acceso Oeste y el límite entre las provincias de San Luis y Mendoza), la Autopista Ricchieri hasta el Aeropuerto de Ezeiza; como también parte de las rutas 3, 5 o 226. Casi 2.000 kilómetros a través de ese decreto, el cual reparte kilómetros entre la sociedad de propiedad estatal y Vialidad Nacional. A partir de este gobierno, Corredores Viales creció sobre todo haciéndose cargo de los kilómetros que iban a estar bajo el esquema de Participación Pública Privada (PPP), en esencia una propuesta del macrismo para que las obras fueran financiadas por privados, a cambio de cobrar peajes más caros.
Peronistas no kirchneristas
En cuanto al manejo de la empresa, además de pasar su participación accionaria más importante (51%) de Transporte a Obras Públicas, está manejada por políticos que vienen del duhaldismo, sciolismo, peronismos provinciales y hasta del randazzismo. En definitiva, todo el conglomerado de lo que se conoció -hasta la unidad de las elecciones presidenciales del 2019- como “peronismo no kirchnerista”, y que algunas denominaron “peronismo racional”, como si los que están encolumnados tras la figura de Cristina Fernández de Kirchner no lo fueran, aunque tienen más votos que los anteriores.
El propio presidente de la empresa, Gonzalo Raico Atanasof, es el mejor ejemplo de ello. Es hijo del dirigente duhaldista Alfredo Atanasof (jefe de Gabinete de la Nación en 2002); trabajó políticamente con Francisco De Narváez, encabezando en 2009 la lista de la Octava Sección Electoral junto a Julio Garro, actual intendente de La Plata; y en 2015 desembarcó con el socialismo en la estatal Aubasa, que administra la Autopista La Plata-Buenos Aires. Esa experiencia le valió ser convocado para Corredores Viales S.A., aunque en su destino anterior manejaba 50 kilómetros y ahora alrededor de 9.000.
En las segundas líneas de esta empresa asoman elementos del duhaldismo residual (incorporados por Atanasof), del sciolismo, y hasta de personas que trabajaron con Florencio Randazzo cuando era ministro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la misma que hoy es vicepresidenta y lo vetó como parte del gabinete nacional.
Otro ejemplo del vasto conglomerado (algunos dirán rejuntado) de Corredores Viales es el gerente general, Martín Valli, apuntado en notas anteriores de NA por la divertida anécdota de tomar whisky con medialunas en las playas de Pinamar, en compañía del hijo de un empresario que tiene negocios ligados a la empresa que gerencia, y aparecer en documentos oficiales como licenciado aunque sólo tiene título secundario y una carrera universitaria incompleta.
Las vinculaciones políticas de Valli llegan de modo directo -su “terminal”, en la jerga del mundo dirigencial argentino- a Diego Bossio, el primer diputado que en 2016, tras ser electo en la lista del kirchnerismo, pasó a otra fuerza política. Al igual que Randazzo, otro vetado por la poderosa vicepresidenta, hoy Bossio se cobija en las huestes del massismo.
Valli hizo toda su carrera política vinculado a Leonardo Zara, uno de los principales delfines de Equipos de Gestión Económica y Social (EGES), la consultora de Mauricio “El Chuequito” Mazzón, hijo del histórico Juan Carlos “Chueco” Mazzón, ya fallecido. Además de promotor explícito y escriba de algunos informes de EGES, a Bossio se lo podía ver en las oficinas de la consultora -sobre todo hasta la pandemia y cuarentena- leyendo el diario o manteniendo diversas reuniones.