La segunda ola de Covid-19 es un hecho. La estamos transitando y el aumento de contagios es la primera parte de una película que ya sabemos cómo sigue, aumento de personas enfermas y la creciente ocupación de camas de hospitales y de terapia intensiva.

Una vez más, no hay relación entre el diagnóstico acertado del Gobierno y su actitud respecto a la política de testeos, la comunicación y la información sobre las medidas de prevención por grupos etarios y la provisión de vacunas. Esta última, la única herramienta eficaz que tenemos para mitigar los efectos del virus.

En el manejo de la pandemia, empezaron con mal paso, el amiguismo y los vínculos con el poder pudieron más que la decencia y el compromiso con los que más sufren.

Montaron un vacunatorio VIP en las mismas dependencias del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas, y un delivery de vacunas que contó con la participación de muchos funcionarios y agentes de la administración pública. Luego nos dieron justificaciones infantiles y culparon a los medios y a la oposición.

Fallaron en las negociaciones con los laboratorios y en la provisión de vacunas. Nos prometieron 10 millones de vacunados para diciembre de 2020, pero ya estamos terminando abril, con el otoño y la llegada del frío que se hace sentir, y la realidad es que el único operativo al que le pusieron ganas, previsión y trabajo, fue el que montaron para inmunizar a los amigos del poder y sus militantes.

El resultado: acuerdos con laboratorios que no tuvieron la capacidad operativa para cumplir con lo pactado, pérdida de oportunidades con otros oferentes, rechazo de lotes de vacunas del Fondo Covax, que habrían alcanzado para inmunizar a la mitad de la población, demora en el cumplimiento de los esquemas de vacunación. Traducción: sólo el 10% de la población vacunada con primera dosis a comienzos de la segunda ola, menos del 2% con el esquema completo.

En relación a esto, lo primero que necesitamos es saber, -los argentinos y las argentinas merecen saber- qué se está haciendo para vacunar a las personas que están en riesgo, cuáles son los plazos estipulados para el arribo de las dosis previstas, cuál es el estado de la negociación con cada laboratorio. Pero no es lo único, hoy las reglas del juego cambiaron porque el virus está atacando con mayor virulencia a las personas y porque tenemos nuevas cepas en el país. En este sentido es urgente avanzar en la vacunación de personas con afecciones preexistentes que significan factores de riesgo, y sobre todo en la priorización de las personas con discapacidad.

Vengo reclamando por políticas públicas de protección a estar personas desde hace meses, porque las consecuencias de las actitudes del gobierno para con este colectivo -mantenerlos en aislamiento sin protocolos específicos de salida, determinar la educación no presencial, no priorizarlos en la vacunación-, sin dudas tendrán consecuencias a largo plazo.

Son muchas respuestas y certezas las que nos debe el gobierno hoy. Ni la situación sanitaria, ni la educación ni la actividad económica soportan más dilaciones ni sorpresas. La responsabilidad individual que le piden a la gente tiene que tener su correlato en un ejercicio comprometido de la función pública para fortalecer el sistema de salud, para proteger a los ciudadanos y las ciudadanas, para traer y distribuir las vacunas que necesitamos.


(*) Diputada nacional de la UCR por la provincia de Mendoza.