La jueza federal María Eugenia Capuchetti tiene a su cargo desde hace dos años una investigación por la deuda externa contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese expediente interviene como juez de la Cámara de Federal de Casación Penal, la máxima instancia de revisión previa a la Corte Suprema, Roberto Hornos. De hecho, fue uno de los que rechazó la pretensión de quien formuló la denuncia de convertirse en “querellante” e impulsar desde allí la investigación.

Se trata de una presentación original del abogado Daniel Valmaggia, que luego se acumuló con actuaciones que impulsaron entre otros Juan Grabois, el hoy titular del Banco Nación, Claudio Lozano; la diputada Fernanda Lozano y hasta la Unidad de Información Financiera (UIF). La abogada que patrocina a la pretensa querella es la legisladora Myriam Bregman. El fiscal federal Franco Picardi le dio impulso a la investigación y propuso una serie de medidas de prueba, algunas de las cuales están en ejecución.

La jueza Capuchetti pidió expedientes sobre la toma de deuda al Ministerio de Economía y a la Auditoría General de la Nación (AGN). Pero hay una medida pedida por Picardi que aún no fue ordenada y aparece como fundamental para el avance del expediente: una auditoría integradora del Banco Central, la AFIP y la AGN.

La causa ha seguido hasta ahora un trámite fatigoso, cuyo principal resultado es la negativa a aceptar al abogado Valmaggia como querella. En todas las instancias, el Poder Judicial consideró que no es un “particular damnificado”.

Valmaggia había advertido que “el marco imputativo incluye todo el endeudamiento externo tomado por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y no sólo al contraído con el FMI, que habría afectado la disponibilidad del producido de su trabajo y el de su grupo familiar ya que tiene que disponer mayores recursos para el pago de la deuda y en consecuencia afectando su patrimonio y su derecho de propiedad; y las sucesivas devaluaciones llevadas a cabo por parte de dicho gobierno durante todo el período que va de diciembre de 2015 hasta finales del mandato del 2019; ambos hechos (toma de deuda y devaluaciones) habrían beneficiado a los funcionarios, sus familiares y socios, y que lo habrían empobrecido a él y a su grupo familiar afectando directamente su patrimonio y forma de vida”.

En ese contexto, resaltó que “como ciudadano argentino fue perjudicado directo de las consecuencias de los hechos ilícitos denunciados toda vez que a quienes principalmente afecta el endeudamiento externo es a los ciudadanos particulares y sus familias, porque dicha deuda recae sobre sus espaldas, economía, patrimonio y actividad económica”.

El argumento no tuvo acogida, pese a que escaló hasta la Cámara de Casación. El 23 de setiembre del año pasado el tribunal confirmó el rechazo al pedido de ser tenido como querellante. El tema fue que el planteo “adolece de defectos de índole formal y déficit de fundabilidad, luciendo falta de claridad y obliga, en consecuencia, a una exégesis interpretativa que no se condice con el requisito de autosuficiencia que se impone como requisito de admisibilidad”.

La Casación consideró que “se ha omitido el relato, al menos en lo sustancial, de la plataforma fáctica y jurídica que resultara objeto de proceso, requisito ineludible cuando lo que se pretende es, justamente, el error en la aplicación de las disposiciones sustantivas o adjetivas respecto de los hechos acreditados. Tampoco se ha efectuado una referencia a aquéllos específicos argumentos que demostrarían que el recurrente reúne el carácter de particularmente ofendido por la conducta por él imputada”.

El juez que lideró el acuerdo y elaboró los fundamentos del rechazo fue Hornos, quien reconoció ante sus pares haberse reunido en al menos seis oportunidades con el entonces presidente Mauricio Macri durante su mandato, en fechas coincidentes con fallo que involucraban a la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.