La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que “lo único que puede morigerar la situación de violencia institucional carcelaria actual es una mayor presencia mecanismos de control”.

Durante el lanzamiento del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI), Martínez reconoció que “muchas veces los hechos no se denuncian porque los detenidos prefieren no hacerlo dado que deben continuar su condena en el lugar donde sufren la violencia”.

Para contrarrestar esa situación, la jefa de los defensores oficiales reclamó mayores mecanismos de control como los que puso en marcha, en un programa acompañado por la Unión Europea (a través del programa EUROsociAL+)  e impulsado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

Martínez reconoció que ante los casos de violencia institucional contra detenidos “los sistemas de investigación son deficitarios”.

En ese contexto, exhortó a “fortalecer los derechos de los privados de libertad, porque las víctimas son parte de la sociedad”.

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“Debemos sumar nuestros esfuerzos, no podemos mirar hacia otro lado”, proclamó la defensora.

María Luisa Domínguez Suárez, responsable de Justicia del Programa EUROsociAL+, destacó que el programa puesto en marcha en la Argentina “viene a poner luz en la oscuridad de las prisiones. Es necesario que funcione como política de Estado para garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares”.

Por su parte, el experto de EUROsociAL+ Alejandro Forero Cuellar consideró  que “la pena más común en Argentina es la prisión preventiva”.

“Cuando la situación de hacinamiento estalla, se dan motines e incendios con resultado de personas heridas y muertas. Ser condenado a prisión supone una condena a muerte aleatoria”, resumió.