La Cámara Federal porteña aceptó como querellante a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en una causa contra el ex senador Jorge Yoma por violación a la ley antidiscriminación, a raíz de una serie de tuits por la muerte del ex presidente Carlos Menem.

La institución que representa a la comunidad judía emitió opiniones críticas sobre Menem tras su deceso, el 14 de febrero pasado, en relación a los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA

"Durante su presidencia se produjeron los dos atentados terroristas más graves de la historia argentina. La desidia, la negligencia y, sobre todo, la complicidad con los sospechosos de haber cometido esos crímenes explican por qué hoy, ambas masacres siguen impunes", expresó la DAIA.

Yoma reaccionó airadamente en la red social Twitter: "Estos sátrapas, comerciantes, racistas, empachados de indemnizaciones que se la pasan enjuiciando a nuestros presidentes constitucionales, acusándolos de los crímenes más horrendos".

"Deberían guardar un mínimo de respeto (por lo menos) el día del fallecimiento de quien fue 10 años Presidente, no digo de su país porque ellos no lo sienten así, sino del país que los cobija", añadió Yoma.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, con el patrocinio de los abogados Gabriel Camiser y Marianela Tenembaum, formuló la denuncia por presunta “infracción a la ley 23.592”, también conocida como “medidas contra actos discriminatorios”.

El artículo 3 de esa ley establece penas de un mes a tres años de prisión para quienes “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

La DAIA también replicó las expresiones de Yoma a través de la misma red social, condenando “enérgicamente los dichos de Jorge Yoma, quien tipificó las peores expresiones antisemitas que, de antaño, se construyen contra la comunidad judía”.

Pero además de la denuncia por Twitter, también radicó la denuncia penal. El fiscal Carlos Rívolo dictaminó que “el hecho denunciado no encuadra en tipo penal alguno” y la jueza María Eugenia Capuchetti, ante la falta de impulso, desestimó la denuncia.

La magistrada también rechazó a la DAIA como querellante.

Hoy, la Sala Segunda del tribunal, en un fallo firmado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, consideró que “no existe óbice para que quien dice haber sido afectado se incorpore al proceso como querellante si de los hechos que denuncia pudo derivar un perjuicio directo y real para él”.

“Ello es suficiente para tornar viable su pretensión, por cuanto el derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración acabada de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima”, añadió la resolución.

De esta manera, la causa contra Yoma, que estaba cerrada, fue reabierta para la investigación aunque con el sólo impulso de la DAIA y sin acompañamiento de la fiscalía.