La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) denunció este lunes en la Justicia al diputado nacional del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano, quien en la última sesión de la Cámara baja había planteado la desaparición del Estado de Israel.

La institución comunitaria judía se presentó ante el juzgado federal de María Servini de Cubría y denunció penalmente al dirigente trotskista por violar el artículo 3 de la llamada "ley Antidiscriminatoria".

Esa norma dispone que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

Al hacer una cuestión de privilegio contra el Estado de Israel, Giordano desató la polémica al argumentar que es "inviable" e "imposible" la idea de que hayan en los territorios en disputa dos Estados y que por esa razón había que "terminar con el Estado sionista".

"Queremos decir nuestra salida, que no es la reaccionaria e inviable salida de los dos Estados. Es imposible. Hay que terminar entonces con el Estado sionista e imponer un Estado único en todo el territorio de Palestina que sea laico, no racista y democrático", había dicho.

En su mensaje el dirigente de Izquierda Socialista cuestionó "las vergonzosas declaraciones del gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y la Cancillería", al que acusó de abonar la "teoría de los dos demonios" en relación al conflicto de Medio Oriente entre Israel y Palestina.

"¿Cómo se va a hablar de dos violencias cuando hay un Estado genocida y opresor y un pueblo oprimido?", expresó.

Las estridentes declaraciones de Giordano provocaron el repudio de la DAIA, que en un comunicado afirmó que el diputado "incurre en un mensaje antisemita".

Este lunes, Alberto Fernández recibió a autoridades de la DAIA para aflojar tensiones luego de que Cancillería calificara de "desproporcionada" la respuesta militar israelí a los ataques del grupo terrorista Hamas desde la Franja de Gaza, y el subsiguiente apoyo a una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Israel.