La conducción de la DAIA resolvió apelar la decisión del Tribunal Oral Federal número ocho que sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán, pese a la postura en contrario de dos de las asociaciones que la integran.

El abogado querellante, Tomás Farini Duggan, confirmó que la entidad que agrupa a parte de la comunidad judía en la Argentina decidió presentar la apelación, que tiene vencimiento procesal el próximo 25 de octubre.

El escrito de la apelación aún no está concluido, pero la decisión de recurrir el fallo ya fue adoptada y, según lo que deslizó el abogado, sólo falta la redacción final y la presentación.

La decisión se produce en medio de un fuerte debate interno, en el que dos de las entidades que integran la DAIA,  Meretz Argentina y Tzavta Centro Comunitario Social y Cultural, se opusieron a la apelación y hoy dejarán sentada su postura en las actas de una reunión de la Comisión Directiva.

Decisiones políticas

“Esta es una causa con bases en el ámbito político nacional que se intenta dirimir en la Justicia. (…). Encuadraría dentro de las decisiones políticas no judiciables, ya que el Memorándum fue firmado por el Poder Ejecutivo en su esfera discrecional y ratificado por el Congreso Nacional”, sostienen ambas entidades.

“La DAIA no debe ser vehículo, de ninguna expresión política partidaria, en la lucha política nacional. Consideramos que no tiene que apelar dicha resolución y desvincularse de una causa en la cual nunca tendría que haber sido parte”, resumió un documento conjunto de ambas organizaciones.

El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, quien avaló la realización de la audiencia en la que se dictaron los sobreseimientos, pero rechazó anticipadamente el cierre del expediente, aún no dio a conocer si apelará o no la decisión.

El Tribunal Oral Federal número ocho sobreseyó a la vicepresidenta y a varios de los actuales funcionarios públicos que también lo fueron al momento de la firma del Memorando, entre ellos el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el senador Oscar Parrilli.