La crisis de la industria del juicio laboral en Argentina castiga a empresas
Los camaristas laborales no cumplen con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el fallo Oliva. Regulan indemnizaciones sumando intereses sobre los intereses. “Los juicios laborales generan zozobra y quiebran PyMEs”, aseguró el abogado laboralista Héctor García.
La industria del juicio laboral en Argentina ha alcanzado niveles críticos, poniendo en riesgo la supervivencia de muchas empresas. El abogado laboralista Héctor García denunció la falta de aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia por parte de los camaristas laborales, quienes suman intereses a los intereses, generando indemnizaciones millonarias.
García afirmó que la tasa de litigiosidad está en crecimiento y que no hay incentivos para la conciliación. "Los juicios laborales generan zozobra entre los empleadores, especialmente las PYMES", destacó durante una entrevista en el canal A24.
"Estos juicios pueden llevar a la desaparición de muchas empresas debido a la elevada cartera laboral", advirtió el abogado.
García subrayó que los intereses siderales llegan hasta 8000% y agravan la situación de las empresas. Además, la falta de unanimidad en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo genera criterios dispares, añadiendo incertidumbre.
La Corte fijó pautas en el caso Oliva luego de que los tribunales inferiores habían resuelto indemnizaciones millonarias a partir de ecuaciones de intereses de intereses.
En tribunales ofrecen ejemplos cada día acerca de la industria del juicio, donde no solo buscan dilatar las conciliaciones sino que también suman casos sobre empresas. Una firma del rubro tecnológico tiene demandas millonarias y en honorarios llegarían a $1.000 millones. Otro caso es una persona que trabajaba en una radio FM pero contratada por una empresa tercerizada: la indemnización ascendía a unos $6 millones pero los camaristas laborales la llevaron a más de $250 millones.
García enfatizó que la situación actual exige medidas urgentes para evitar la insolvencia de empresas y proteger las fuentes de trabajo. Es necesario un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial, el Legislativo y los actores sociales para encontrar una solución sostenible.