La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en un reclamo del gobierno del Chaco contra la modificación de los pisos del Impuesto a las Ganancias dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

El actual gobernador chaqueño, Leandro Zdero, presentó el 19 de diciembre pasado una “acción declarativa contra el Estado Nacional  con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del decreto 473/23 y de la ley 27.725”, que exceptuó del pago del impuesto a casi un millón de trabajadores.

La procuradora general adjunta Laura Monti opino que “en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”.

La provincia reclamó, como medida cautelar, “la suspensión de sus efectos -mediante la asunción de los mismos por el Estado Nacional- hasta la resolución de fondo a fin de evitar el perjuicio irreparable”.

El Chaco adujo que esa decisión “resulta violatoria del régimen federal de coparticipación, al disminuir de manera unilateral e inconsulta la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable”.

El planteo sostiene que la eliminación parcial del tributo, resuelta inicialmente por decreto (y luego robustecida por ley)  “constituye un exceso en el ejercicio de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional  y adolece de vicios que determinan su nulidad absoluta”.

La reposición del impuesto a las ganancias a los sectores que fueron exceptuados al final del gobierno anterior es uno de los elementos en discusión de cara al “Acuerdo de Mayo” propuesto por el presidente, Javier Milei, en la apertura de las sesiones ordinarias, el viernes pasado.

Según el gobierno chaqueño, la excepción al impuesto “repercute de manera negativa, provocando un empobrecimiento que se traslada a todos los chaqueños, quienes se ven privados de mejorar su calidad de vida”.