La Corte Suprema de Justicia demora su decisión frente a la disputa entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, a la espera del nuevo decreto que ratificó su suspensión y de una eventual segunda presentación por parte del Gobierno porteño.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que originó el conflicto vence este viernes y se preveía que la Corte se expresara sobre el tema pero fuentes judiciales consultadas por NA indicaron que todavía no hay certezas al respecto.

La indefinición se debe a que el nuevo DNU anunciado este viernes por el jefe de Estado todavía no fue publicado y a que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta podría realizar una nueva presentación.

En ese contexto, las fuentes indicaron que casi todos los votos de los jueces de la Corte están hechos y que sólo falta convocar a la reunión -que puede ser con modalidad remota- y definir mayorías pero que es "poco probable" que se expida en lo inmediato.

Al tener que referirse a un DNU previo que ya está casi vencido y en medio de la publicación de uno nuevo, la cuestión sobre la que debe resolver la Corte corre el riesgo de quedar en abstracto.

El pasado jueves, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen no vinculante solicitado por el máximo tribunal en el que consideró inconstitucional el DNU 241 que suspendió las clases presenciales.

En el dictamen, el procurador general, Eduardo Casal, evaluó que "los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles".

El procurador señaló que la orden dictada en el DNU 241 "a la que la actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen de autonomía de la Ciudad, representa una conducta explícita de la demandada, con entidad suficiente para sumir a la peticionante en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica".

A su turno, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires respaldó ante la Corte la postura del Gobierno porteño a favor de mantener la presencialidad en la aulas y apuntó a supuesta "falta de coordinación" entre el Ministerio de Educación de la Nación y el resto del Gobierno.

En este sentido, recordó "la postura en favor de la continuidad de las clases presenciales sostenida ante la prensa por el titular de la cartera educativa, horas antes de que el Presidente de la Nación anunciara en cadena nacional los lineamientos del decreto 241".

También señaló que en el expediente judicial el Gobierno nacional no presentó informes con la opinión técnica del Ministerio de Educación de la Nación.

"A nuestro entender esta omisión refleja no sólo la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas, sino también la arbitrariedad del decreto aquí cuestionado", expresó el escrito de la Procuración porteña.