La Corte rechazó un planteo del suspendido fiscal Scapolán y despejó el camino al juicio oral
El máximo tribunal rechazó un planteo sobre el origen de la investigación, disparada por un "arrepentido" al que el fiscal cuestiona por "falaz y guionado".
La Corte desestimó un planteo del suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán contra el inicio de la causa en la que fue procesado por presuntamente encubrir a una red de traficantes y quedarse con drogas de los operativos en los que intervenía.
“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestima la presentación directa”, sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Scapolán está acusado de ser jefe de una asociación ilícita de la que también formaban parte policías y abogados, que robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes a los que debían investigar.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires resolvió suspenderlo en sus funciones y abrir el proceso de juicio político en su contra.
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a Scapolán como jefe de una organización criminal que, entre otros delitos, habría robado cargamentos de cocaína a bandas de narcotraficantes.
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Además, le trabó un embargo de dos mil millones de pesos y no ordenó su detención pues está protegido por sus fueros.
Scapolán y otros imputados plantearon la nulidad de la causa sobre la base de la supuesta falsedad de la declaración de un arrepentido que precipitó la investigación.
Se trata de Carlos Daniel Maidana, cuyo relato permitió avanzar en la pesquisa pero, según Scapolán, se trató de una versión “guionada y falaz, con el objeto de mejorar su situación procesal”.
Los planteos de nulidad ya habían sido desestimados en las instancias anteriores.
Scapolán podrá plantear nuevamente la nulidad del inicio de la causa en la instancia de juicio oral, que deberá afrontar independientemente de la de juicio político.
El fiscal sostiene que la acusación en su contra “se fundó en hechos falsos, direccionados para satisfacer intereses personales, comprometiendo, en lo sustancial, la garantía del debido proceso y defensa en juicio de los imputados”.